La sentencia del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, que condenó a sendas faltas de coacciones a dos trabajadores de la empresa Cobrador del frac, ya ha sido elevada a definitiva. La causa se originó cuando un comerciante denunció, con el asesoramiento del letrado Emilio Cerezuela, que estas personas se presentaron en su establecimiento para reclamarle una deuda de su hijo y amenazarle. Fueron condenados a multas individuales de 120 euros cada uno.
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