El sindicato La Coordinadora y trabajadores del puerto de Cartagena han recurrido el archivo del juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena de una causa contra la Autoridad Portuaria por un supuesto fraude a la Seguridad Social. Los trabajadores consideran que el relevo del fiscal que llevaba el asunto ha sido clave en ese archivo.
El juez de Instrucción número 5 acordó el archivo de una causa abierta contra cinco miembros del consejo de administración por un supuesto de fraude a la Seguridad Social cometido en la Autoridad Portuaria tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del TSJRM de archivar el asunto por no apreciar delito.
Los trabajadores reclamaban que no se pagaron las cuotas correspondientes a las horas extras llevadas a cabo entre 2003 y 2006, por una cuantía casi de millón y medio de euros, informan fuentes sindicales. "La Fiscalía se extraña que una empresa se quiera estafar a sí misma, pero ha sucedido", indican las mismas fuentes a este diario, además de apuntar que piensan que un factor clave en el desarrollo de esta denuncia fue el relevo del fiscal José María Esparza por Juan Pablo Lozano Olmos, quien emitió su informe solicitando el archivo el pasado 28 de diciembre y emplazando a trasladar el asunto al juzgado de Lo Contencioso-Administrativo. Meses después ratificó la misma decisión el juez.
Ahora anuncian que llevarán a cabo un recurso de alzada el fallo judicial a través de los abogados Jaume García Vicente y Víctor Díaz. Explican que debido a la cantidad (salta de los 120.000 euros) llevaron este asunto a la vía penal.
El juez de Instrucción número 5 acordó el archivo de una causa abierta contra cinco miembros del consejo de administración por un supuesto de fraude a la Seguridad Social cometido en la Autoridad Portuaria tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del TSJRM de archivar el asunto por no apreciar delito.
Los trabajadores reclamaban que no se pagaron las cuotas correspondientes a las horas extras llevadas a cabo entre 2003 y 2006, por una cuantía casi de millón y medio de euros, informan fuentes sindicales. "La Fiscalía se extraña que una empresa se quiera estafar a sí misma, pero ha sucedido", indican las mismas fuentes a este diario, además de apuntar que piensan que un factor clave en el desarrollo de esta denuncia fue el relevo del fiscal José María Esparza por Juan Pablo Lozano Olmos, quien emitió su informe solicitando el archivo el pasado 28 de diciembre y emplazando a trasladar el asunto al juzgado de Lo Contencioso-Administrativo. Meses después ratificó la misma decisión el juez.
Ahora anuncian que llevarán a cabo un recurso de alzada el fallo judicial a través de los abogados Jaume García Vicente y Víctor Díaz. Explican que debido a la cantidad (salta de los 120.000 euros) llevaron este asunto a la vía penal.
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