Sky News desplazó desde Inglaterra hasta la Audiencia, en Cartagena, a un equipo para cubrir la vista oral contra un conocido estafador a quien ahora imputan que trató de vender a la Fundación Diagrama y a una mercantil pisos en Londres que no eran de su propiedad, por lo que le piden hasta 9 años de prisión. El acusado rechaza los cargos (“parece ahora que soy el culpable de la crisis financiera”) y su expareja, también imputada, dice que en su empresa “él manejaba absolutamente todo”.

Al parecer, se trata de una persona con un oscuro historial de estafas, por las informaciones que nos llegan. Cuando su nombre era Mark Richard George Acklom fue condenado en 2006 por la Audiencia Provincial de Alicante a 21 meses de cárcel por estafa más 6 por falsificación de documentos en un fraude que tuvo como víctima a un hombre de negocios asiáticos y un montante de 18 millones de euros (pinchar aquí). Antes de comenzar la vista oral, circulaba el comentario que en su palmarés figura la venta del Hotel Bali de la misma localidad alicantina, algo que no hemos podido confirmar. Su abogado, Fernando Mateas Castaner, procedente de Palma de Mallorca, nos indicaba no saber nada de otras estafas, mientras que la presencia de un equipo de Sky News, con redactor, fotógrafo y traductora, hace sospechar que esta persona tiene que tener un protagonismo especial para justificar unos enviados especiales desde Londres.

La cuestión es que de todo esa trayectoria sólo afecta a la nueva causa el antecedente penal a la hora de solicitar una pena, pues todo lo demás queda fuera del maratoniano juicio que ayer (acabó sobre las cuatro y media de la tarde tras unas seis horas de sesión) se celebró en la sala de vistas de la sección quinta, donde todo se centra en si hubo fraude o no en la venta de dos inmuebles y un arrendamiento que tuvo como ‘víctimas’ a la Fundación Diagrama y a la mercantil Initiative and Suport SL, que reclaman 215.974 euros que entregaron ‘por nada’ a una persona que estuvo fugado de España, siendo localizado este mismo año por la acusación particular en San Remo (Italia), donde se envió una euro-orden, la cual fue recurrida sin éxito ante la Audiencia de Génova. En cuanto fue trasladado a España, enseguida se fijó la fecha del juicio. 

La Fiscalía solicita, además de una multa de 4.050 euros, tres años de prisión para el acusado y su expareja, quien era la administradora única de la empresa Alba Interprises International que intervino en la operación. La acusación particular, llevada por el letrado Miguel Ángel Pouget, eleva la petición a ocho años para el hombre y seis años para la mujer (en las conclusiones propuso, como alternativa, 6 y 5 años, respectivamente), mientras que las defensas (Fernando Mateas y Mario García) piden que sus clientes sean absueltos, rechazando la supuesta estafa inmobiliaria.

El británico acusado, quien estuvo residiendo en Benidorm y durante dos meses en Cabo de Palos en el verano de 2008, en todo momento dijo que era publicista y que intervino como agente mediador de una operación en la que no trató de de engañar a nadie, “sólo pensaba en que se iba a cobrar una comisión de 140.000 euros”, diciendo también que cuando lo acusaron no se lo tomó en serio “hasta que entré en prisión preventina”, y que era feliz, tras salir de la cárcel por la condena anterior, “con dos críos”, expresando: “A ver si ahora tengo yo también la culpa de la crisis financiera”. Repitió que era “imposible” que fuese el dueño de seis edificios, “que es lo que fueron a ver los supuestos compradores”. Sí explicó por qué cambió su nombre, siendo el motivo que no lo relacionasen con la condena y el tiempo de prisión que había pasado.

Su declaración se prolongó por espacio superior a hora y media, en gran parte por la larga duración de las respuestas, tratando en todo momento de justificar su actuación ante las preguntas de la fiscal y la acusación particular sobre su participación y la firma de contratos (“yo sólo figuraba como testigo”, afirmó). Respecto a la empresa para la que supuestamente trabajaba en esa compra-venta dijo que se encuentra en paraísos fiscales. También se refirió a confusiones con el idioma y a formas diferentes de actuar entre Inglaterra y España en estos asuntos inmobiliarios. Para las acusaciones, hay suficientes testimonios y documentos que lo incriminan en este asunto, además de que entienden que prorrogó llevar a cabo la firma ante notario por esa irregular situación.

Para su abogado, Fernando Mateas, todo lo contrario, pues en momento alguno presentó a los posibles compradores algún documento o estado de cuentas que indicasen que era el propietario de las viviendas, “sólo les entregué unas tarjetas con el teléfono”, por lo que el letrado se preguntaba: “¿Cómo puede engañar si no aporta nada”. También afirmó que el asunto se complicó por un problema de financiación, “pues si hubiesen dado todo el dinero, hubiesen comprado los pisos”. También se habló de un abogado interlocutor con el vendero que ‘aparecía y desaparecía’.

La otra persona implicada es la mujer que fue su pareja entonces, en el verano de 2008, y que era la administradora única de una empresa creada en 2006 que recibió, según la acusación, algunas de las cantidades ahora reclamadas. “Él manejaba absolutamente todo, afirmó, porque yo estaba muy enamorada y me ofrecía seguridad y contactos”, afirmó, señalando que su función era la de gerente, “pues decía tener muchos negocios. Él abrió un correo electrónico y consiguió las claves para operar con mi cuenta en Cajamar por internet, pero yo no recuerdo habérselas dado”. Su abogado, Mario García, preguntó al hombre si en un documento falsificó la firma de la mujer, lo que éste negó.

El tribunal resolverá un asunto que quedó visto para sentencia.