La Audiencia absuelve del delito penal a las dos personas que estaban acusadas de estafa por el dinero que una mujer les entregó para la adquisición de una vivienda en Roche y señala que la reclamación económica debe efectuarse por la vía civil.
Los dos acusados, como administradores de La Vaguada Resort SL, firmaron un contrato de compra-venta en abril de 2008 con una mujer que iba a adquirir una vivienda de la calle Ramón y Cajal de Roche. El precio era de 144.232 euros y entregó 13.272 euros. El inmueble no se construyó y no ha recuperado el dinero aún.
En este caso la Fiscalía consideró que no existía ánimo defraudatorio en los querellados, al igual que la defensa, representada por Miguel Ángel Pouget, quien defendió la inocencia de sus clientes, exponiendo que había sufrido la crisis del mercado inmobiliario y que en momento alguno tuvieron intención de estafar. La acusación fue particular en este caso, a través del abogado Matías Lafuente, quien expuso que se trataba de “un negocio civil criminalizado, es decir, un delito con apariencia de negocio civil y legal, pero que es un ‘pantallazo’ para la realidad”. Ahora, una vez conocido el fallo judicial de la sección quinta, indica: “La acatamos, pero no estamos conformes y tampoco se ha podido recurrir por la modesta economía de mi cliente, por lo que nos limitaremos a reclamar el dinero por la vía civil”.
Los dos acusados, como administradores de La Vaguada Resort SL, firmaron un contrato de compra-venta en abril de 2008 con una mujer que iba a adquirir una vivienda de la calle Ramón y Cajal de Roche. El precio era de 144.232 euros y entregó 13.272 euros. El inmueble no se construyó y no ha recuperado el dinero aún.
En este caso la Fiscalía consideró que no existía ánimo defraudatorio en los querellados, al igual que la defensa, representada por Miguel Ángel Pouget, quien defendió la inocencia de sus clientes, exponiendo que había sufrido la crisis del mercado inmobiliario y que en momento alguno tuvieron intención de estafar. La acusación fue particular en este caso, a través del abogado Matías Lafuente, quien expuso que se trataba de “un negocio civil criminalizado, es decir, un delito con apariencia de negocio civil y legal, pero que es un ‘pantallazo’ para la realidad”. Ahora, una vez conocido el fallo judicial de la sección quinta, indica: “La acatamos, pero no estamos conformes y tampoco se ha podido recurrir por la modesta economía de mi cliente, por lo que nos limitaremos a reclamar el dinero por la vía civil”.
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