Alegó que los pozos que tiene en Fuente Álamo son legales en el juicio que quedó visto para sentencia en la sección quinta de la Audiencia Provincial.

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El acusado, quien estuvo defendido por el letrado Manuel Martín Camino, habló de un antiguo pozo de 1933 que fue reconstruido y de la legalidad de los dos pozos con los que extrae agua, añadiendo que sí efectuó sondeos, pero que no encontró agua. La Fiscalía mantuvo la petición de pena de una multa de 5.400 euros y una indemnización a la Confederación Hidrográfica del Segura de 23.202 euros.

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