El asunto de los seis policías nacionales que se encuentran en prisión por la retención ilegal y una posible impllicación en la muerte de un vecino de la Barriada Virgen de la Caridad ya es seguro que llegará a la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial una vez concluya la investigación que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena. Mientras, se ha conocido que se han rechazado las peticiones de exhumación del cadáver para un nuevo estudio y de libertad de los acusados, mientras que las defensas recurren la condición de protegido de un testigo.

El asunto denominado de Cala Cortina llegará a la Audiencia, pues las peticiones de pena estarán de entre seis y nueve años de prisión para cada uno de los seis agentes investigados por el delito de detención ilegal, que en este caso se agrava al tratarse de funcionarios, con lo que se superan los cinco años que hubiesen llevado el asunto a un juzgado de Lo Penal.

La cuestión ahora es si esa vista oral se celebrará con presencia o no de un jurado popular, lo que sucederá si finalmente se incluye la imputación de homicidio en la acusación. Este es el tema más controvertido, pues el anteriormente citado parece claro. Las defensas de los policías defienden que sus clientes no tuvieron nada que ver en la muerte de Diego Pérez (“no existe prueba directa alguna”), la cual, además, pudo ser accidental, como apunta un informe particular de un forense. Por contra, desde la Fiscalía y desde la acusación particular se hace hincapié en el informe del forense del Instituto de Medicina Legal, que, sin descartar la accidentabilidad, considera que la víctima sufrió un giro brucos del cuello, lo que alimenta la hipótesis de que su muerte pudiera haberse producido en un forcejeo, al igual que la agresividad que al parecer ya habían mostrado en otros asuntos dos agentes y, especialmente, el testimonio que aporta un testigo protegido. Finalmente la jueza de Instrucción 4 será la que determine las acusaciones.

En este asunto la actividad de las partes sigue latente. Además de las peticiones de que los acusados salgan de las prisiones de Castellón (hay 4) y Madrid (2) de forma provisional, peticiones que hasta ahora han sido todas revocadas, también está el recurso que han presentado las defensas ante la jueza ante la condición de protegido del testigo principal. También está la petición de exhumación del cadáver para elaborar otro informe forense privado, lo que ha rechazado la Audiencia Provincial. También está la presión de las acusaciones para tratar de que el asunto no se dilate con continuas peticiones y al final, cuando llegue a juicio, cobre fuerza la atenuante de dilaciones indebidas.

Diego Pérez fue encontrado sin vida el 11 de marzo de 2014 y en octubre fueron arrestado los seis policías.