El abogado Juan Francisco Pérez Avilés, quien representa a Izquierda Unida, proclama que se han producido un cúmulo de despropósitos que crean “indefensión”, como que un día después de que la sala de Lo Penal del Supremo declare firme la personación de la acusación popular se produzca, por parte del magistrado instructor, el sobreseimiento de la alcaldesa de Cartagena por el asunto de Novo Carthago, “cuyo auto a nosotros aún no se nos ha comunicado”. Anuncia que ha dado instrucciones al procurador para recurrir y que no descarta “interponer un incidente de anulación de actuaciones”.

• PSOE: “Vamos a llegar hasta el final”

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El abogado que representa a Izquierda Unida en el asunto de Novo Carthago se resiste a que el auto del magistrado-instructor José Ramón Soriano suponga un punto y final a la investigación llevada a cabo hacia la primera autoridad de Cartagena, anunciando su propósito que sean un punto y seguido. “Es un disparate lo que ha sucedido”, proclama, añadiendo su “perplejidad” por varios factores.

“En primer lugar, he hablado esta tarde con mi procurador en Madrid, José Miguel Martínez Fresneda, y me confirma que no ha recibido comunicación alguna del auto del magistrado-instructor de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo cuando la noticia ya recorre todos los medios de comunicación”, indica.

“No me han dado traslado de la petición de archivo de la fiscal, y todos sabemos que no existe resolución justa si no se escucha a todo el mundo. Se llama principio de contradicción, como recoge el artículo 24.2 de la Constitución para el desarrollo de un proceso con todas las garantías”.

Continúa exponiendo otro aspecto: “Es anormal que en un auto de fecha 7 de abril de 2015 la sala del TS dé por personada como acusación popular a Izquierda Unida y, casi cuarenta días más tarde, el lunes 4 de mayo se emita el auto para declarar firme esa personación… y un día más tarde es archivado el asunto. Da la sensación de que el Tribunal Supremo va contra sus propios acto, generando indefensión a la organización política que represento, extrañamente, tres días antes de comenzar la campaña electoral”.

Le preguntamos sobre quiénes son las personas que resuelven uno y otro asunto dentro de la misma causa, respondiendo: “La sala de Lo Penal, integrada por cinco personas, con el magistrado Cándido Conde Pumpido, fue la que aceptó la personación de la acusación popular en los autos de fechas 7 de abril y 4 de mayo. Adoptó esa decisión por unanimidad, pero entre esas personas no se encuentra el magistrado instructor José Ramón Soriano, aunque la que tiene la última palabra es la sala”.

Sobre los siguientes pasos que llevará a cabo, afirma que ha dado instrucciones al procurador “para que se notifique, pues haremos valer los recursos pertinentes por reforma o apelación, y, en el peor de los casos, si no se notifica en veinte días, interpondré un incidente de anulación de actuaciones”, señala, asegurando que este último auto “no va a ser firme durante la campaña electoral”.

PSOE Cartagena

La candidata a la Alcaldía de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha asegurado desconocer el contenido del auto del Tribunal Supremo y por ello ha adelantado que no se va a pronunciar sobre una cuestión que desconoce.
La socialista ha mantenido que “es claro y evidente que se trata de un caso de corrupción urbanística y que el asunto, con múltiples imputados por presunta corrupción urbanística, se sigue tramitando en un juzgado de Murcia. Castejón ha advertido que en este caso “nosotros vamos a llegar hasta el final y si piensan que vamos a dar un paso atrás, se equivocan”

IU-V y la Operación Púnica

Izquierda Unida-Verdes, a través de un comunicado, anuncia que va a pedir a los otros partidos de la oposición que soliciten conjuntamente una comisión de investigación sobre la posible relación de Barreiro con la Operación Púnica

"No tenía otra opción que convocarlo, si no hubiera incurrido en prevaricación". Con esas palabras ha acogido Cayetano Jaime Moltó, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes, el anuncio realizado por el vicealcalde, José Cabezos, de que el próximo lunes, 11 de mayo, se celebrará el pleno ordinario solicitado por todos los grupos de la oposición para que se cumpla lo que marca la legislació vigente, y el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, sobre la celebración de sesiones plenarias en ciudades de más de 20.000 habitantes, que es uno al mes, algo que no se ha cumplido en varias ocasiones, entre ellas el pasado mes de abril, motivo por el que se solicitó la celebración del pleno que tendrá lugar la próxima semana.

Para el portavoz de IU-Verdes queda claro que, al margen de mociones que están registradas y que se iban a quedar sin debatir y de otras que se puedan presentar a lo largo de la semana, lo más importante del pleno va a ser el tema de la presunta implicación de Barreiro en la trama de la Operación Púnica destapada por el juez Velasco. "Nos vemos obligados a suscribir los tres grupos una iniciativa conjunta, porque se exige un cuarto de los concejales para ello, para pedir una comisión de investigación", ha apuntado Cayetano Jaime. Comisión de investigación en la que el portavoz de la formación de izquierdas va a pedir el libro de movimientos del coche oficial de la alcaldesa para poder contrastar los datos que se recojan sobre los viajes que Barreiro haya realizado con el coche oficial municipal con las anotaciones que existan en el Congreso en relación a viajes hecho por la alcaldesa en su condición de diputada.

Esa es la forma de comprobar si las acusaciones realizadas por el juez que instruye la causa de la Operación Púnica sobre posibles viajes del exalcalde, e imputado en dicha trama, José Antonio Alonso pagados con la tarjeta de diputada de Barreiro. "Nosotros no queremos escuchar su opinión porque ya la conocemos por los medios de comunicación, y tiene menos valor que una peseta, como la moneda, es algo ya sin valor alguno", ha declarado Cayetano Jaime, quien ha recordado que Izquierda Unida, al estar presente en la Mesa del Congreso tiene acceso directo a los datos sobre los viajes de los diputados para conocer todo lo que Pilar Barreiro haya facturado en viajes, tanto en tren, como en avión o, supuestamente, su vehículo particular, incluyendo los peajes de autopista.

"No puede coincidir ningún viaje en otro medio de transporte con alguno que, supuestamente, se haya hecho con el coche oficial del Ayuntamiento, incluido pagos de peaje", ha afirmado Jaime Moltó, quien ha destacado que "el interrogatorio realizado por el juez Velasco a la secretaria de Alonso fija otro campo de investigación como es el hecho de por qué el magistrado fija su atención en cuestiones de afinidades, como el Colegio Miralmonte, en vinculaciones de cesión de suelo público con la vinculación del amigo de Barreiro -refiriéndose a Alonso-, ya que hablamos de patrimonio público que se pone en manos de una cooperativa de la que se sacan comisiones millonarias para amigos de la alcaldesa". "Nosotros estamos aquí para defender intereses públicos y no para valorar la vida privada de nadie", ha concluido el portavoz de IU-Verdes, organización que se ha personado en la Operación Púnica.