Las familias de dos alumnos reclaman más de diez mil euros al presidente de la Fundación Universitaria Isidoriana de Cartagena por unos cursos que no llegaron a celebrarse, estando el procedimiento en la fase de instrucción en el juzgado número 1 de la ciudad. Fuentes próximas al denunciado, quien este año ofrecerá el pregón de la Semana Santa, rechazan las acusaciones “tal y como se demostrará en su momento procesal oportuno”.

Santiago Díaz Izquierdo, presidente de la Fundación Universitaria Isidoriana y persona que este año ofrecerá el 27 de marzo el pregón de la Semana Santa de Cartagena, está siendo investigado en una causa que lleva el juzgado de Instrucción número 1 por las denuncias presentadas por las familias de dos alumnos. Ayer declararon en el Palacio de Justicia de Cartagena por este asunto el director del centro y dos profesores. Anteriormente lo hicieron los denunciantes, mientras que Santiago Díaz ha sido citado para el próximo día 23, pero es muy posible que dicha comparecencia se traslade de fecha debido a que su abogado tiene el señalamiento de un juicio ese mismo día. Anteriormente todos prestaron declaración en las dependencias policiales.

La primera denuncia fue presentada el pasado 25 de abril por parte de los padres de un alumno, incorporándose en junio una segunda familia denunciante. “La base de la denuncia está en que estos alumnos recibieron un curso superior de administración y finanzas, que concluyeron. Entonces, Santiago Díaz le dijo que se iban a celebrar otros cursos y que era recomendable que hicieran, por lo que una familia pagó unos doce mil euros y otra, unos cinco mil, pero los cursos no se celebraron”, explica la abogada Libertad Sandoval, que representa a las familias afectadas. “Después, al ver que no había cursos, reclamaron el dinero, pero Santiago Díaz les dio largas, por lo que fueron a la Fundación y el director les devolvió parte de esas cantidades, pero faltaba mucho por recuperar, por lo que decidieron acudir a la justicia”, añade, indicando que una familia recuperó cuatro de los doce mil euros invertidos, mientras que otra sólo seiscientos de los cinco mil. “Hay más afectados, de los que uno más ha confirmado que se va a adherir a la causa. Esta familia pagó cinco mil euros y no ha recuperado nada”, indica la letrada, quien expone el gran malestar y el perjuicio que esta situación está provocando en sus clientes, quienes hacen responsables a Santiago Díaz, “y a la Fundación, pues si conocían este asunto debían hacerlo cesado”.

Este periódico también ha tratado de recabar la versión de la otra parte. Fuentes próximos al investigado han señalado que rechazan de plano “todas estas acusaciones, tal y como se demostrará en su momento procesal oportuno”, añadiendo que se trata de un proceso largo.