El magistrado Fernando Madrid, de Primera Instancia número 5, ha condenado a una clínica de Murcia a pagar casi siete mil euros por la implantación de prótesis mamarias PIP a una mujer de Cartagena que sufrió problemas de salud, debido a que se trataba de un producto defectuoso. La sentencia también recoge que no se informó correctamente antes de la operación a la demandante, que ha estado representada por el abogado Andrés Galán, de Nova Jurídica, a quien se observa en la imagen.

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La mujer fue sometida a una invertención quirúrgica para aumento de mamas el 29 de noviembre de 2004, no siendo satisfactorio el resultado, pues tuvo problemas de inflamaciones en las mamas y mastalgias en el año 2008, que regresaron en el 2011, por lo que demandó a Zatoichi SL a través de la procuradora Eva Escudero y del letrado Andrés Galán Juan, del despacho Nova Jurídica.

El titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, Fernando Madrid Rodríguez, en sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, estima la demanda y obliga a la clínica a indemnizar a la paciente en 6.832 euros, más costas e intereses legales desde el requerimietno extrajudicial realizado en diciembre de 2012.

Entre los razonamientos expuestos, rechaza la prescripción y la falta de legitimación pasivo alegada por la clínica, recordando que este tipo de operaciones tiene un fin estético y que no causen problemas de salud a las personas intervenidas.

A continuación se adentra en valor si hubo responsabilidad de Zatoichi. En primer lugar recoge que la mujer firmó un documento de ‘consentimiento informado’, pero que el mismo no aparece rubricado por cirujano ni anestesista, “lo que induce a pensar que más bien se le dio a firmar como un formulismo necesario para la operación, pero sin existir una información personal y detallada”. Más adelante apunta que, en este caso, faltó suficiente información sobre el tipo de prótesis utilizada, sus características y su ‘vida útil’, así como sobre las posibles molestias o matistis que podrían causar. respecto a las prótesis mamarias de silicona implantadas, señala la sentencia que han sido objeto de especiales advertencias y seguimiento por las autoridades sanitarias “porque han presentado un índice de problemas y complicaciones parea sus portadores superior al normal”, y remarca que la elección de la prótesis “fue una decisión de la que fue ajena la mujer”.

Respecto al importe de la indemnización, señala el magistrado que la cifra es la resultante de la adicción de los gastos médicos derivados de la intervención quirúrgica para sustituir las prótesis PIP por otras nuevas, así como los días que tardó en recuperarse de la operación.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia.