Izquierda Unida-Verdes Cartagena va a llevar al Congreso de los Diputados, a través de su grupo parlamentario (la Izquierda Plural), el caso Novo Carthago con diversas iniciativas.

Entre estas se encuentran diversas solicitudes de comparecencia de titulares de carteras ministeriales para que expliquen situaciones de cargos públicos imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo que aún continúan en sus cargos, caso, por ejemplo, del delegado del Gobierno, imputado desde hace meses pero que aún continúa en su cargo con la aquiescencia del Partido Popular y del Gobierno central.

La primera de las solicitudes, cuya información ha sido remitida hoy mismo al Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, es la de la comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que explique el cese, conocido en el día de hoy, de Cristóbal Osete, delegado regional de Hacienda en la Región, sin que medie en su destitución motivación ni justificación pública sobre tal decisión, que reviste únicamente carácter político.

Para Izquierda Unida-Verdes Cartagena, y para su candidato a la alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo, José Luis Romero, llama poderosamente la atención que pese a permanecer tan solo dos años en el cargo y haber obtenido, en lo que a recaudación se refiere, los mejores resultados de la historia en la Región de Murcia, superando con creces los objetivos fijados por el Ministerio, se le haya cesado. La formación de izquierdas, como ha expresado su candidato, tiene claro que la decisión política ha sido consecuencia de los informes patrimoniales, emitidos hace pocos días a instancias del juez y en el marco de las diligencias del citado Caso Novo Carthago, que la Agencia Tributaria realizó sobre distintas personas actualmente imputadas en el mismo.

Por eso, desde IU-Verdes Cartagena se estima necesario, y así lo ha entendido su grupo parlamentario en el Congreso, que la decisión de cesar al delegado de la Agencia Tributaria, requiere de la explicación del ministro, ya que está claro que obedece tan solo a una intromisión partidista y partidaria de los intereses del PP sobre el ejercicio libre de la función pública, primando el efecto de presuntos daños corporativos del partido que sustenta al Gobierno sobre el cumplimiento profesional de las labores investigadoras y de las resoluciones judiciales.