Desde Movimiento Ciudadano de Cartagena queremos efectuar algunas precisiones al enésimo despropósito del equipo de gobierno de Pilar Barreiro tras conocer que, por decisión judicial habrá que pagarle a la UTE que explota el auditorio de El Batel, y a la concesionaria de ciertos mantenimientos, unas cantidades que suman alrededor de 800.000 euros, y que además habrá que pagarles las costas del juicio.

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O lo que es lo mismo, otro millón de euros que pagamos los cartageneros por su gestión de gobierno. Como indica el concejal de MC “es posible que suene a revés judicial, pero lo primero que debe conocerse es quiénes son los demandantes, y resulta que la cabeza visible de la UTE de El Batel es el Presidente de COEC, Pedro Pablo Hernández, y la otra empresa pertenece al que era pedáneo de La Puebla, y directivo del PP local”.

“Esto muestra —prosigue López— lo que tantas veces hemos expuesto, que en Cartagena la suerte no parece tan azarosa como debería, y que las concesiones municipales recaen al final en personas afines al gobierno Popular, ¿o alguien duda de que estas dos personas lo son?”

Ante estas resoluciones MC quiere recordar que El Batel es un edificio mal planificado, que ha costado 3 veces lo presupuestado, más de 60 millones de euros, que se concedió su mantenimiento a la empresa que representaban los imputados en la operación Púnica y afines a la Alcaldesa, José Antonio Alonso y José Fidel Saura, y que además el propio Tribunal de Cuentas investiga en la actualidad la relación financiera entre la UTE y el Ayuntamiento.

La resolución judicial relativa al contrato de El Batel, a la que MC ha tenido acceso, viene a señalar que no se le concedió a la UTE una subvención para la explotación, sino que se le compensó directamente el arrendamiento, porque la resolución judicial señala que no hay subvención, sino obligación contractual de pago. “Y la diferencia —como indica el concejal— es evidente, porque las subvenciones se deben justificar y los pagos sólo se reciben”.

Según José López “así se hacen los negocios en Cartagena con el Partido Popular, y la ciudadanía debe conocer y valorar qué trato reciben las concesionarias, como Hidrogea, Lhicarsa o las empresas vinculadas al presidente de COEC o de alguna Junta Vecinal en sus contratos con la administración, y compararlo con el que les dan a ellos en cuanto a sus obligaciones con el Ayuntamiento”.

Desde MC nos queda confiar en que el Ayuntamiento recurrirá las resoluciones o, en caso de no hacerlo por resultar éstas acertadas, esta formación política solicitará por escrito los nombres de las personas responsables de que lo que se denomina en el contrato subvención, sea un pago incondicional, para poder exigirle a éstas sus responsabilidades.

López termina afirmando que “en cualquier caso no cejaremos en nuestro empeño de que el dinero público se gestione mejor, y así lo haremos a partir de mayo, con criterio y transparencia, y tampoco dejaremos de investigar dónde ha ido el dinero y en qué condiciones durante el gobierno del Partido Popular”.