El yerno y la hija del expresidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, están en el foco de atención de las declaraciones que hoy se llevarán a cabo en Murcia sobre el caso Novo Carthago con el director de la agencia que organizó el viaje de novios de la pareja y el representante de la empresa que contrató a la hija del eurodiputado. También declarará, pero como imputada, una asesora del consejero Cerdá. Entre los letrados que participarán (a los que se observan en las fotos adjuntas) en los interrogatorios están Ana Ruipérez, quien representa al exedil cartagenero Agustín Guillén, y Juan Francisco Pérez Avilés, quien ejerce la acusación particular para Izquierda Unida-Verdes.

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¿De dónde salieron los 18.000 euros que costó el viaje de bodas de la hija y el yerno de Valcárcel? Sobre esta cuestión girará buena parte de las preguntas que se verterán hoy por parte del procedimiento que lleva el juez Manuel Abadía. El viaje tuvo como destinos Australia y Nueva Zelanda, con escala en Londres. El yerno afirmó el pasado domingo que se lo pagó la pareja de sus fondos económicos. Para hoy ha sido citado el director de la agenda de viajes organizadora.

Otro asunto relacionado etá con otro de los testigos citados, el representante de una empresa sevillana que contrató a la hija de Valcárcel. Según la acusación particular, que lleva el letrado Juan Francisco Pérez, de Izquierda Unida-Verdes, hay sospechas pues esa incorporación tuvo lugar tras aprobarse el proyecto de Novo Carthago, además de que dicha sociedad era una de las que más facturaba a Hansa Urbana, empresa ésta que era la que iba a llevar a cabo el macroproyecto urbanístico en Lo Poyo, en ‘La Manga ancha’.

Hay otra acusada más con la asesora jurídica del consejero Antonio Cerdá, debido a la importancia que tuvieron sus informes en la aprobación del proyecto. También está citada para declarar hoy.

Con ella ya hay cerca de una quincena de acusados, entre los que figuran, cabe recordar, el consejero Antonio Cerdá, el actual delegado del Gobierno (José Joaquín Bascuñana) y un exconcejal de Cartagena (Agustín Guillén), cuyos derechos defiende Ana Ruipérez, de Ruipérez Abogados.

Como acusadores hay cinco partes. El ministerio público (Fiscalía), los partidos políticos PSOE e IU-V (con Juan F. Pérez), la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y una acusación pública que lleva el mismo despacho que ha intervenido en el asunto de la querella contra la CAM.