El matrimonio de San Pedro del Pinatar y su hijo rechazan que hayan traficado alguna vez con estupefacientes, mientras que la Guardia Civil afirmó en el juicio, celebrado en la Audiencia, asegura que la esposa “sacaba la cocaína del sujetador para facilitársela a los compradores”.

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Un matrimonio de etnia gitana y su hijo, todos trabajadores en los mercadillos, pasaron ayer por el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial, en Cartagena, acusados de vender cocaína y resina de cannabis al menudeo. La fiscal solicita penas de cinco años de prisión como autores de un delito contra la salud pública más el pago de una multa de 1.331 euros. La defensa, representada por el letrado José María Lays Pérez de los Cobos, solicita que sean absueltos.

La mujer fue la primera en declarar. Dijo que su marido, especialmente, y su hijo eran consumidores de droga y por eso la cantidad de estupefacientes que encontraron en los domicilios, pero que nuncan han vendido a terceros. Al preguntarle la fiscal sobre las personas que acudían a su domicilio del Paraje de los Veras y estaban sólo dos minutos antes de irse, dijo que eran personas que compraban a sus hijos melones que tenían en la puerta y otros amigos de sus hijos, “pues gente extraña no entraba nadie”.

El esposo, por su parte, afirmó que en esa época (agosto de 2009) era consumidor, “y nunca me he dedicado a traficar con drogas y es mentira que vendiésemos”. En el mismo sentido se expresó el hijo del matrimonio. Sobre el dinero que encontaron, dijo que eran sus ahorros y de la indemnización de un accidente que tuvieron, “pues nunca meto dinero en el banco”. Las declaraciones de dos de los acusados se pueden escuchar íntegramente en los vídeos adjuntos.

Después declararon varias de las personas a la que la Guardia Civil, en la vigilancia que llevó a cabo durante unos días del domicilio en cuestión, fueron identificadas como compradores de droga. Uno de ellos reconoció a la mujer como la persona a la que adquirió la mercancia, mientras que otro habló de una gitana, pero no la identificó, y también hubo quien dijo que iba acompañando a un amigo o que la había adquirido en un bar de San Pedro. Lo curioso es que casi todos afirmaron que era la primera vez que compraban droga y los problemas para recordar detalles ante las preguntas de la fiscal.

La principal prueba de cargo fue la actuación de la Guardia Civil en dicha operación. “Una vez recibida la noticia de que se podía estar vendiendo droga en dicha casa, montamos un sistema de vigilancia y luego se identificaron a los compradores que salía de la vivienda. Todos confirmaron que venían de comprar y están fotografiados”, dijo uno de los agentes. También apuntó que hay imágenes sobre una mujer que saca ‘algo’ del sujetador y que algunos compradores dijeron que era así como facilitaba el material. Sobre el registro en otra vivienda, en concreto, la del hijo, dijo que la sospecha surgió al ver unas fotos de un robo cometido allí y observar que había material propio de la venta de estupefacientes. El letrado de la defensa le preguntó si había una discoteca cerca, pues los jóvenes que se veían por la zona podrían ser clientes de ese establecimiento, pero la guardia civil apuntó que está a unos cuatrocientos metros “y los que van a la discoteca no paran en esa casa”.

La fiscal mantuvo las peticiones de condena, considerando que existían pruebas suficientes para imputar el delito de narcotráfico, mientras que el abogado de la defensa mantuvo la inocencia de sus clientes, indicando también que una hermana de la acusada guarda con ella un gran parecido físico, con lo que la identificación policial podría ser errónea.

El juicio quedó visto para la sentencia del tribunal.