Sólo una de las cuatro trabajadoras está actualmente en activo, pues hay dos bajas por motivos de salud y la restante ha sacado plaza en centros penitenciarios. La situación ha creado la alarma entre los profesionales, pues la única funcionaria en activo se ocupa ahora mismo de todo lo referente a la jurisprudencia penal, de violencia de género y de familia en los tribunales de Cartagena y de San Javier, lo que puede provocar más retrasos en la mecánica judicial porque no se puedan aportar informes psicólogos a tiempo o que éstos se elaboren con menos datos.

“Es una situación nada deseable, pero coyuntural”, expresa el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón, quien confía en que el ministerio de Justicia y la Gerencia Territorial agilicen al máximo la cobertura de esas vacantes.

Los comentarios dentro del Palacio de Justicia de Cartagena en las últimas fechas reflejan la alarma suscitada con que tres de las cuatro trabajadoras del equipo psicosocial no estén cubiertas estos días. “Afecta directamente al juzgado de familia, que ya de por sí está sobrecargado y al que puede provocar suspensiones de juicios en un asuntos tan delicados como son los que abarca”, expone un letrado recordando que dicha sala cuenta desde hace unos meses con un juez de refuerzo por ese elevado volumen de trabajo que sufre. Otro abogado señala que están forzando “a pagar informes privados en asuntos urgentes, lo que es otro revés para el servicio público de la justicia”. La situación no sólo alcanza a la psicóloga de este juzgado, sino también a las dos trabajadoras sociales que, entre otras funciones, se encargan de contrastar y recabar informaciones externas de las causas. “Ahora existe el riesgo que los informes tengan menos datos por falta de tiempo para atender tanto asunto”, apunta otro profesional jurídico.

La grave situación, según hemos podido conocer, tiene su explicación. Para comenzar hay que aclarar que antes existían gabinetes de equipos psicosociales en diversos juzgados, pero desde hace un tiempo, en base de una resolución ministerial, esos equipos se han integrado en el Instituto de Medicina Legal, que ahora acoge forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Hay diez plazas en la Región de Murcia, de las que seis se sitúan en la capital del Segura y cuatro en la trimilenaria Cartagena.

De esas cuatro del Palacio de Justicia cartagenero, una de trabajadora social ha quedado vacante al conseguir la persona que la ocupaba plaza en instituciones penitenciarias. Su compañera en esa labor se encuentra actualmente con una baja maternal, mientras que la psicóloga del juzgado de familia ha cogido otra baja de ocho meses por una situación de riesgo en su embarazo. Así, la única trabajadora que ahora está en activo se encarga de todo lo referente a la juridsprudencia penal, de violencia de género y de familia de los juzgados de San Javier y de Cartagena.

“Es una situación nada deseable, pero coyuntural”, expone el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón (en la imagen adjunta), quien informa que se espera que en breve se reincorpore la trabajadora social que está con la baja maternal y que se ha solicitado cubrir las otras dos plazas con interinos. El problema es que los trámites se pueden demorar unas semanas, “espero que tanto el ministerio de Justicia como la Gerencia Territorial agilicen al máximo los trámites para volver cuanto antes a la normalidad”.