La sala de Lo Contencioso del TSJRM confirma que el consistorio está obligado, no solo a establecer las normativas contra ruidos, sino también a hacerlas efectivas.
El origen está en las denuncias de una vecina por la contaminación sonora procedentes de locales de ocio la avenida Marqués de Realejo, que originó una sentencia del juzgado de Lo Contencioso de Cartagena que ha sido revocada en una mínima parte y mantiene el criterio de que el ayuntamiento de Los Alcázares debe actuar contra los que incumplen la normativa referente al ruido.
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