Las sentencias de un juzgado contencioso de Murcia y del TSJRM han condenado a la delegación del Gobierno de la Región de Murcia a pagar las costas de una causa en la que el fallo judicial estima que no podía fijarse orden de expulsión para una persona de origen marroquí por estar acusado de un delito debido a que no se había celebrado el juicio. Esta persona ha estado defendida por el letrado cartagenero Alfonso Ledo (en la foto).

 

---

El hombre en cuestión tenía una tarjeta de residencia de siete años en España, pero no le permitieron la renovación de la misma debido a que había sido detenido por una supuesta falsificación documental (certificado de empadronamiento, en concreto). Fue aplicada la orden de expulsión, que fue recurrida por el abogado Alfonso Ledo, que alegó que debía quedar paralizada hasta la celebración de juicio y su condena o absolución. "Le denegaron el permiso de residencia y le retiraron toda la documentación, con lo que ha pasado un calvario de dos años y medio en España sin tarjeta, por lo que no podía trabajar, ya que es un delito contratar a inmigrantes en situación ilegal", expone el letrado.

La causa llegó al juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia, que dio la razón al marroquí. El fallo judicial fue recurrido por el abogado del Estado ante la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que ha confirmado la sentencia y condena, por segunda vez, a la delegación del Gobierno de la Región de Murcia al pago de las costas. Se considera que no se le podía retirar la tarjeta de residencia ni expulsar porque en ese momento no estaba condenado con una sentencia en firme, ya que ese proceso por el que estaba imputado estaba en la fase de diligencias previas y sin haberse celebrado juicio. Ahora le deberán entregar toda la documentación que le habilita a residir legalmente en España.