Los registradores mercantiles se harán cargo del Registro Civil y desarrollarán una plataforma electrónica para procesar los datos que será de titularidad pública. El coste de este sistema correrá a su cargo y los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano. Hasta que la plataforma esté a pleno rendimiento los jueces seguirán al frente de los registros civiles.

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El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, ha aprobado que sean los registradores mercantiles quienes en el futuro se encarguen de la gestión de los registros civiles. El Real Decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización, indica que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.

Este plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo. El Ministerio de Justicia considera fundamental dar este paso hacia adelante en la informatización de los datos para solucionar los problemas que hoy tiene el Registro Civil y garantizar así un servicio público efectivo. Hasta que esté a pleno rendimiento, los jueces seguirán cumpliendo con esta función.

La creación de esta plataforma digital será financiada íntegramente por una nueva Corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil, de forma que no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos, puesto que en el Real Decreto-ley aprobado hoy se dice expresamente que “continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba.

Si bien la gestión de los trámites pasará a engrosar las funciones de estos funcionarios públicos en las futuras Oficinas del Registro Civil y Mercantil, la titularidad de los datos del Registro Civil seguirá siendo estatal. Será el Ministerio quien diseñará durante este próximo año la organización íntegra del registro y sus normas de funcionamiento; y el Estado asegurará que el procesamiento de los datos y la plataforma cumplen con los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y la Ley Orgánica de Protección de Datos incrementando las medidas de seguridad existentes para garantizar la privacidad.

El contenido de la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se desarrollarán en otra norma complementaria que se presentará en los próximos días. En lla se especificará, tal y como dice el Real Decreto-ley aprobado hoy, “el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil”. Los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia, y el Ministerio se comprometerá en ese próximo texto a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.

Esta reforma continúa con el espíritu de la ley de 2011 para tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles que, según los datos de 2013 del Consejo General del Poder Judicial, acumularon el 44% de las quejas presentadas en 2012 contra la Administración de Justicia.

Al año se expiden, aproximadamente, unos 3,3 millones de certificados y copias desde el Registro Civil. La interoperabilidad entre Administraciones que ofrecerá la nueva plataforma electrónica servirá para que el 85% de estas certificaciones, unos tres millones, sean innecesarias, de forma que los ciudadanos no tendrán que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites.