Es la pregunta que se hacían esta mañana las familias que han acudido al juzgado de guardia de Cartagena acusados de ocupar viviendas vacías en el Barrio Universitario, pero finalmente la promotora Residencia Puerta Nueva ha retirado las denuncias tras llegar a un acuerdo para que abandonen el inmueble antes del 18 de este mes. Esta noche anuncian que dormirán en el boulevard en protesta por las ayudas que no reciben del Ayuntamiento y que les impiden tener un hogar, y para el viernes hay una concentración convocada en El Lago.

No parece que haya llegado el verano en el Palacio de Justicia de Cartagena, donde la actividad habitual de los funcionarios se ve incrementada estos primeros días de julio por asuntos de la relevancia del alcalde de Torre-Pacheco y los 'okupas' del Barrio Universitario.

Siete familias ocupan desde hace dos meses un bloque de viviendas deshabitadas en el Residencial Puerta Nueva, frente a la plaza de la Merced (El Lago). Ayer, su continuidad quedó en peligro cuando un representante de cada núcleo tuvo que acudir a Comisaría, donde fueron fichados y se les emplazó a presentarse hoy en el Palacio de Justicia de Cartagena ante la titular del juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, acusados del delito de usurpación. Quince minutos antes ha tenido lugar una concentración en la entrada de los juzgados apoyada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Su portavoz, Jacinto Bastida, explicaba que son familias que fueron expropiadas de sus viviendas por "un dinero irrisorio, dejándolas en la calle" y que entre los afectados hay doce menores, una persona disminuida y una  mujer embarazada. "Cuando se han quedado sin trabajo se han visto obligados a buscar un techo", añadió, reiterando que la plataforma "defiende siempre el derecho a la vivienda de los ciudadanos y son los poderes públicos los que deben velar porque no se especule con el suelo ni la vivienda, y en este caso parece que ha sucedido todo lo contrario".

Un matrimonio afectado nos indicaba que les dieron "sólo millón y medio de pesetas (90.000 euros) por las dos casas que teníamos" y otros remarcaban que la falta de recursos por no encontrar trabajo "es lo que nos llevó a buscar casa en donde hemos vivido siempre". Acusan a Servicios Sociales de negarles ayuda, en uno de los casos, y de no abonarle el dinero concedido, en otro. "Si encima no nos ayuda, es injusto este pago por no tener trabajo", apunta una mujer que afirma haber solicitado hasta en tres ocasiones audiencia con la alcaldesa, sin haber recibido respuesta. También se quejaban por la rapidez en que se desarrolla el asunto en la vía judicial, "¿Por qué la justicia es rápida para los pobres y tan lenta para los poderosos?, porque en este caso detrás hay gente con billetes como el exalcalde José Antonio Alonso". También nos muestran hojas de firmas buscando el apoyo de la ciudadanía que está recogiendo desde hace dos semanas. "Ya llevamos más de trescientas".

El asunto se ha trasladado después al interior del Palacio de Justicia, donde ha sido abordado a preguntas el abogado que los representa de oficio, José Antonio Murcia. Debido a que eran muchas las personas que estaban en el pequeño espacio reservado al juzgado de guardia, los agentes de seguridad del inmueble de la justicia han pedido a los que no tenían que declarar que esperasen en el exterior, a lo que han accedido sin problemas.

Los letrados Juan José Liarte y Bernabé Raja, que representan a la Promotora Residencial Puerta Nueva SL; el abogado José Antonio Murcia; y las familias afectadas, con el beneplácito de la jueza Brigida Gil y la fiscal Verónica Celdrán, han alcanzado después un acuerdo por el que la empresa retira las denuncias con la condición de abandonar las viviendas antes del 18 de julio, lo que ha sido aceptado. El ofrecimiento se ha efectuado atendiendo a la dificultad que atraviesan estas familias, para no agravar más su problemas, pero a la vez evitar que pueda incentivar a que otras personas hagan lo mismo, según hemos podido conocer.

De la vía judicial a la vía social
La propuesta se ha aceptado para evitar un mal mayor por la otra parte, que no han podido evitar alguna lágrima y momentos de emoción por saber que en dos semanas tendrán que dejar el techo que ahora les protege. La lucha de las siete familias deja la vía judicial pero continúa. Esta noche tendrá un nuevo foco de atención, pues han decidido dormir en pleno boulevar, delante del bloque de viviendas que ocupan, para protestar por el desinterés que muestra hacia ellos Asuntos Sociales del ayuntamiento de Cartagena.

Para este viernes, a las diez horas, hay otra cita con la concentración de protesta organizada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Cartagena en la plaza de la Merced. "Además, estamos preparando un escrito dirigido a la alcaldesa, Pilar Barreiro, y al concejal de Asuntos Sociales, Antonio Calderón, acompañado por las firmas recogidas, para que ayude a estas familias y no las dejen en la calle", expone Jacinto Bastida, como portavoz de PAH.