El exconcejal independiente Diego García Cobacho ha relatado las irregularidades que observó y que denunció ante la opinión pública en la segunda sesión del juicio que se celebra por un supuesto delito de prevaricación en el ayuntamiento de Torre-Pacheco, en la que la mayoría de los testigos han expresado que el proceso de contratación del consistorio era el tradicional. Este viernes concluirá la vista oral con las pruebas periciales y las conclusiones de las partes.

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El segundo capítulo del juicio contra el alcalde de Torre-Pacheco, dos concejales, el interventor municipal y un arquitecto ha tenido como protagonistas a los testigos en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena. El 'caballo de batalla' por parte del fiscal José Luis Díaz Manzanera ha continuado siendo tratar de demostrar que los responsables municipales conocían el límite de 12.000 euros para los contratos de obra menor y que trataron de esquivar la normativa fraccionando los pagos entre 2005 y 2007, lo que les permitió adjudicarlos a dedo, alcanzando el montante con un sólo arquitecto más de 770.000 euros. Por su parte,  las defensas se esfuerzan por convencer al tribunal de que sus clientes nunca actuaron de forma ilegal, que estaban convencidos de que efectuaban las contrataciones de forma correcta y que ese procedimiento "es el que siempre ha funcionado en el ayuntamiento de Torre-Pacheco".

El primero en declarar, durante más de una hora, ha sido Diego García Cobacho, abogado de profesión y que fue concejal en el gobierno municipal de Torre-Pacheco, como independiente, desde 1986 hasta 2003, pasando los cuatro siguiente años a estar en la oposición. A preguntas del fiscal, ha comenzado explicando cómo funcionaba en materia de contratación el Ayuntamiento mientras formó parte el Gobierno Municipal, "casi todos los proyectos que se adjudicaban no superaban los 12.000 euros y cuando se trataba de grandes obras se sacaban a concurso", añadiendo que los informes del técnico de servicios generales reflejaban esa barrera de 12.000 euros. Luego estuvo en la oposición, "encontrándome con cosas que no entendía, con desbarajustes en las facturas, con evidencias de que se fraccionaban los pagos, por lo que denuncié esta situación, entre otras, en el Pleno Municipal y en prensa, pero nunca se creó una comisión de investigación. De haberlo hecho, quizás hoy no estaríamos aquí", ha afirmado, para más adelante, cuando Pardo Geijó, abogado del actual alcalde, Daniel García, le ha preguntado por qué no fue a los tribunales, responder que no lo hizo "porque esperaba que el pueblo fuera el que decidiese. Me fui en 2007 por no tener valor de ir a los tribunales y entonces me dije que yo no valía para político, por lo que el auténtico héroe en esta causa es el Ministerio Fiscal, que fue quien actuó de oficio".

Pardo Geijó ha hecho hincapié en que dijo que el interventor era "muy escrupuloso" en los dieciséis años en que coincidió con él y que ahora lo cuestiona, además de insistir con varios ejemplos para tratar de demostrar que en la etapa de García Cobacho en el gobierno (llegó a ser teniente de alcalde) se fraccionaron pagos, lo que ha negado en todo momento el exconcejal. En tres ocasiones, el presidente del tribunal, José Luis García Fernández, ha llamado la atención a ambos pidiendo que concretasen tanto las preguntas como las respuestas. "¿Tiene animadversión hacia los políticos acusados porque perdieron las elecciones de 2003?", ha preguntado Pardo Geijó. "No", ha dijo de forma tajante Cobacho, "es más, me siento mal por estar aquí declarando contra personas que son vecinos y fueron compañeros en el Ayuntamiento un montón de años". Tras concluir su declaración no ha querido hacer declaraciones, "porque no las he hecho en los ocho años que han pasado desde que dejé la política".

Los siguientes testigos han sido solicitados por las defensas. El secretario municipal ha afirmado que no hubo ilegalidad en esas contrataciones, "se podían encargar directamente", dijo, poniendo entonces el fiscal en duda la interpretación que hace de la normativa. Un ingeniero agrónomo ha afirmado que en 1998 el gobierno municipal independiente le adjudicó unos trabajos de retirada de residuos sin concurso y con facturas parciales. En la misma línea han estado los siguientes en comparecer.

Hoy llega el tercer y último capítulo, que adelanta su hora de inicio a las nueve con las pruebas periciales, para después llegar el turno de los informes de conclusiones del fiscal y de los abogados defensores: Vicente Pérez Pardo, Carmen Guillén, José María Caballero, José Pardo Geijó y Francisco Martínez-Escribano, cuyos clientes son, respectivamente, el interventor Miguel Pérez, el concejal José Saura, el alcalde Daniel García, el concejal Santiago Meroño y el arquitecto Francisco Cavas.