Ha comenzado en la Audiencia Provincial, en Cartagena, el juicio contra el alcalde, dos concejales y el interventor del ayuntamiento de Torre-Pacheco y un arquitecto del mismo municipio por un supuesto delito de prevaricación, habiendo declarado los acusados, para los que se piden una decena de años de inhabilitación. Todos proclaman su inocencia, asegurando que actuaron convencidos de que estaban dentro de la legalidad.

Noticias relacionadas:

Los abogados piden el archivo de la causa contra el alcalde de Torre-Pacheco

La alegación contra el archivo de una causa contra el alcalde de Torre-Pacheco se ultima esta semana

La Audiencia ordena reabrir una causa contra el alcalde de Torre-Pacheco

La Audiencia en Cartagena cambiará de magistrados para juzgar al alcalde de Torre-Pacheco

La causa contra el alcalde de Torre-Pacheco ya tiene tribunal

Piden una década de inhabilitación para el alcalde de Torre-Pacheco por prevaricación

Estamos en una semana en la que las autoridades y los juzgados coinciden más de lo habitual. Comenzó el lunes el alcalde de Los Alcázares pasando por el edificio de la justicia en San Javier por un asunto de supuestas injurias y amenazas a dos policías locales de su municipio y han seguido el consejero Cerdá y el delegado del Gobierno Bascuñana declarando en el TSJRM por el tema de 'Novo Carthago'. Sin embargo, ambos asuntos están en la fase de instrucción, es decir, en la investigación. El que ya ha dado un paso más adelante es el asunto relacionado con el alcalde de Torre-Pacheco. La instrucción acabó y la Fiscalía concretó sus acusaciones por un supuesto delito de prevaricación en el que están inmersos Daniel García, dos concejales, un interventor y un aparejador. Esa fase previa y el juicio viene a ser, salvando las diferencias, los entrenamientos de preparación de un equipo y el día del partido. Hoy ha comenzado el 'momento de la verdad', la vista oral, en la sala de la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Diez años de inhabilitación para cargo público es lo que ha solicitado para los cuatro integrantes del Ayuntamiento al tribunal de la Audiencia, en Cartagena, el fiscal anticorrupción José Luis Díaz Manzanera, mientras que reclama seis para el arquitecto. La base de su acusación es una supuesta concesión de contratos de obras públicas (suman 770.000 euros) a un arquitecto de la localidad a dedo, pues considera que esas concesiones se debieron llevar a cabo con un expediente de contratación, además de que se esquivaron como 'obra menor' fraccionándolos por importes inferiores a doce mil euros.

Enfrente, los abogados defensores: José Pardo Geijó (representa al alcalde), Vicente Pérez Pardo (defiende a Miguel Pérez, interventor municipal), Carmen Guillén (concejal José Saura), José María Caballero (concejal Santiago Meroño) y Francisco Martínez-Escribano (arquitecto Francisco Cavas). Piden que sus clientes sean absueltos, pues sostienen que actuaron dentro de la legalidad o convencidos de que lo estaban haciendo, además de que fue un procedimiento habitual durante muchos años en el ayuntamiento pachequero.

A las once menos diez ha comenzado la vista oral, con un gran despliegue de medios informativos y sólo dos espectadores. Tras unas cuestiones previas, como rechazar suspender la vista oral si no están todos los documentos y aceptar por parte de los letrados la composición del tribunal, ha comenzado un juicio con 'efecto dominó', pues el alcalde ampara sus firmas en dichos contratos en los concejales y éstos, a su vez, en los técnicos municipales.

Sobre las diez menos cuarto había llegado al Palacio de Justicia de Cartagena el alcalde Daniel García. Cerca de una hora tuvo que esperar para entrar en sala, manteniendo siempre un rostro serio que reflejaba el 'mal trago' que iba a pasar. Ha sido el primero en declarar a preguntas del fiscal. "Los concejales contactaron con arquitectos para contratar sus servicios y a partir de ahí hubo una tramitación administrativa", ha indicado, añadiendo que el alcalde "no interviene en la parte administrativa, salvo en los aspectos que dicta la ley, como firmar decretos, documentos contables o nóminas, siendo evidente que no hago las nóminas. La Junta de Gobierno es la encargada de aprobar el pago de las facturas".

Negó tener amistad con Cavas y afirmó que nunca contactó con él, "normalmente lo hacen los concejales responsables de cada servicio". Ante la pregunta de si recibió más adjudicaciones que otros arquitectos, Daniel García ha expresado que no se dedica "a contar las adjudicaciones de los contratos. Desde el Ayuntamiento llevamos la labor política y buscar lo mejor para los pachequeros", para después exponer que tramitar "correctamente todos los procedimientos es función de los técnicos funcionarios, que son los que deben velar por el cumplimiento de la legalidad. En el Ayuntamiento, con distintas corporaciones, el sistema habitual ha sido siempre el mismo, siendo el departamento de contratación el que indica lo que hay que hacer para cada obra".¿Se fiaba de lo que le presentaban?, le ha preguntado el fiscal: "Evidentemente, tanto de funcionarios como de concejales y más que siempre se ha hecho de la misma forma", respondió. El vídeo adjunto recoge toda la declaración de Daniel García ante el fiscal.
Después, a preguntas del letrado Vicente Pérez Pardo, ha reiterado que el procedimiento fue el mismo que cuando estaba en la oposición, mientras que a cuestiones de su abogado, Pardo Geijo, ha dicho que todo se hizo de forma "correcta" y para "mejorar la caldiad de vida de los vecinos", además de que en momento alguno pretendió omitir lo que dice la ley. "Es decir, sabe lo que sabe en la medida de lo que sabe", comentó su letrado, respondiendo afirmativamente el alcalde.

José Saura Meroño, concejal de Deportes, le ha sucedido. Ha expuesto que las obras se acometieron "porque había necesidades en el municipio" y que en todo momento "seguí las instrucciones de los técnicos", añadiendo que no fue mucho tiempo a la escuela, por lo que le repetía a los técnicos numerosas veces "por favor, controlármelo todo bien, y cuando me deis los informes firmados, doy el visto bueno. Siempre seguía los pasos de los técnicos y entonces desconocía la normativa de contratación". Su abogada, Carmen Guillén, le ha preguntado si Cavas ya trabajaba con la anterior corporación y Saura ha respondido de forma afirmativa, además de señalar que desconocía si se estaban fraccionando las facturas.

El concejal de Urbanismo, Santiago Meroño, ha señalado que Cavas "no ha sido más adjudicatario de contratos que otros arquitectos" y que los proyectos se ponían en marcha según las necesidades de Torre-Pacheco. El fiscal le ha preguntado por las cuatro fases en que se fraccionó el plan estratégico Itineris. "Lamentablemente, ese proyecto no fue idea mía, pues era brillante, y se puso en marcha para la remodelación de las avenidas. Fue un muy proyecto del que estoy convencido que se hizo dentro de la legalidad". También dijo desconocer lo relacionado con la normativa de contratación.

Miguel Pérez es interventor municipal de Torre-Pacheco desde diciembre de 1991, con un paréntesis de seis meses en los que ocupó la alcaldía de Fuente Álamo. "No intervengo en nada de obras y sólo conozco la existencia de las facturas cuando se me presentan y si el alcalde las firmaba era porque estaban aprobadas por la Junta de Gobierno local. Mi obligación es que la factura sea legal y asegurarme que el trabajo se haya efectuado". Considera que todo el trámite fue legal porque se trata de contratos de carácter intelectual, remarcando que siempre se ha llevado a cabo esa mecánica en el consistorio pachequero.

Tras un receso, cerró el capítulo de declaraciones de la primera de las tres sesiones de esta vista oral el arquitecto Francisco Cavas, quien durante la instrucción pasó de testigo a imputado. Comenzó diciendo que, debido a que estuvo trabajando en Francia, cuando comenzó su etapa profesional en Torre-Pacheco y fue llamado por el Ayuntamiento desconocía la normativa de contratos. Dio su explicación sobre las facturas de Itineris, "si hubiese querido fraccionar el pago no lo hubiera hecho así" y sobre que rocen los doce mil euros sin sobrepasarlos respondió que facturó "las horas trabajadas y bien podía haber salido otra cantidad. No tenía ni idea de la barrera de los doce mil euros".
* Sus declaraciones a preguntas del fiscal se pueden escuchar en el vídeo adjunto