Escrito por Carlos Illán - AgenCYA. Jueves, 5 de junio de 2014
La fuerte lluvia inundó la urbanización La Cañada de La Aljorra en el año 2009, comenzando entonces la batalla administrativa de los vecinos, la cual entró en el terreno judicial, encontrándose actualmente imputado José Fidel Saura, por entonces concejal de Urbanismo. Ayer prestó declaración como testigo el que fuera jefe de servicio de conservación del ayuntamiento de Cartagena, ahora jubilado, ante el juez Jacinto Aresté, de Instrucción número 2 de Cartagena. En su declaración estuvieron presentes la fiscal Verónica Celdrán, el letrado Francisco Pagán y el procurador José Antonio Zamora, por parte del ayuntamiento de Cartagena; y los abogados Juan Francisco Pérez Avilés y Esther Guzmán Linares, que llevan la acusación particular en representación de la comunidad de vecinos. A estos cuatro últimos se les observa en la puerta del juzgado.
Una tromba de agua inundó la urbanización La Cañada de La Aljorra en 2009, comenzando entonces (como avanzó Cartagena de Ley en su momento) la reclamación de los vecinos por una situación que apenas se ha repetido debido a la sequía que sufre esta zona, pero que es un peligro latente para los residentes, quienes tienen entre los documentos que sostienen sus reivindicaciones un informe de la Confederación Hidrográfica de Segura, elaborado hace unos años, que refleja que el complejo se encontraba en una rambla. 
Socialistas Por Cartagena, a través de su secretario general, Juan Luis Martínez, presentó a finales de 2010 un escrito en la Fiscalía de Área de Cartagena solicitando que se investigase si fue correcta la licencia concedida en el año 2003 para levantar el complejo de 23 viviendas y si se conocía el riesgo de inundaciones. El ministerio público encontró indicios de posible actuación irregular, iniciándose la investigación en el juzgado de Instrucción número 2, siendo imputado el ex edil José Fidel Saura, quien, asesorado por el abogado municipal Francisco Pagán, prestó declaración en febrero de 2012 ante el juez, indicando que firmó la licencia dentro de un mecanismo amparado en el informe de los técnicos.
La comunidad de vecinos residencial La Cañada, que ejerce la acusación particular, solicitó la ampliación de imputados, que ahora se extiende al ingeniero técnico industrial de Urbanismo, José Sánchez Velasco, quien declaró ayer como testigo, ratificándose en los informes que emitió en su momento.
Una veintena de vecinos también han pasado por los juzgados para prestar declaración dentro de un conflicto en el que abarcan tanto la responsabilidad penal como civil de los supuestos responsables. "¿Se podía construir en esa zona?, ¿por qué no se derivó el cauce de la rambla hacia otro lugar?", se preguntaba una mujer afectada del residencial. El informe de la Confederación Hidrográfica de Segura es una de las bases de la reclamación vecinal, mientras que por parte municipal se sostiene que el Plan General de Ordenación Urbana de 1987 ya reflejaba este terreno como suelo urbano consolidado, calificación que ha mantenido en la revisión de 2011, por lo que no era necesario elaborar un proyecto sobre la zona, siendo el riesgo de que el agua se embalse similar a otros lugares. La instrucción continuará con nuevas diligencias.
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