La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitan seis años y medio de cárcel para cuatro personas, entre los que figuran los dos propietarios, del matadero municipal de Cartagena, a quienes acusan de no extremar las medidas de seguridad provocando la enfermedad de varios empleados y por trabajar con género corrompido en el año 2003. El juicio se traslada al 19 de diciembre tras suspenderse hace unos días por la ausencia de dos inspectores de trabajo.

Juzgado: Lo Penal número 2 de Cartagena

Delitos que se juzgan: Contra el derecho de los trabajadores en concurso con 16 delitos de lesiones por imprudencia grave y tráfico de género corrompido.

Acusados: Los dos propietarios del matadero, el matarife que coordinaba el trabajo de los empleados y la veteriana.

Como responsables civiles subsidiarios figuran Murgaca y Carthagovin, mientras que como responsables civiles directos están las aseguradoras Fremap y Zurich.

Acusaciones: Las llevan la Fiscalía como ministerio público y varios letrados como acusación particular, representando a los trabajadores afectados.Petición penal: Solicitan tres años de cárcel para cada acusado por el primer delito, además de multa de 12 meses a razón de 6 euros diarios. Respecto al tráfico de género corrompido, solicitan tres años y medio para cad iputado más multa de 9 meses a razón de 6 euros diarios y el cierre del establecimiento durante dos años y medio. Las defensas solicitan que sean absueltos.

Estos son los datos básicos de la causa que desde el año 2003 está abierta y que no termina de cerrarse. El origen se sitúa el 6 de enero de ese año cuando, en el entonces matadero municipal (ahora es privado), agentes de la Guardia Civil descubren que están trabajando con carne en mal estado en un día de fiesta y sin veterinario, levantado la inspección de trabajo el correspondiente acta. De forma paralela a ese asunto, se empiezan a dar casos de trabajadores que caen enfermos como consecuencia de su contacto con los animales, con lo que también se abre expediente por no cumplir las medidas de seguridad. El proceso se hace largo con un sumario con ocho tomos, siendo en junio y en diciembre de 2009 las fechas de los primeros intentos de celebra el juicio en Lo Penal número 2, suspendiéndose para citar a las aseguradoras, devolviéndose el sumario al juzgado de Instrucción. La pasada semana volvió a convocarse en la sala de vistas de la Audiencia Provincial debido al elevado número de personas citadas (36 testigos, 4 guardias civiles y 5 forenses, además de acusados y acusadores), pero se suspendió por la ausencia de dos inspectores y un técnico en analíticas, pese a que el fiscal y algunos abogados pedían que se celebrase con todos los citados y que a los dos ausentes se les tomasen declaración antes de 30 días. No se aceptó la petición y se ha fijado el vista oral para el 19 de diciembre próximo, último viernes hábil del año.El asunto que más personas está movilizando es el de las enfermedades y sus secuelas. Inicialmente se presentaron 14 denuncias por lesiones por imprudencia grave, a las que más tarde se incorporaron otras dos, aunque, según nos apuntan, llegó a afectar a 27 personas, principalmente de origen extranjero (Ecuador, Marruecos y Este de Europa).

También influyó en este asunto que las enfermedades no fueron contempladas en un primer momento como crónicas, como resulta la brucelosis (también denominada 'fiebres de Malta'). Así, el asunto de las cifras de la responsabilidad civil son muy variables. El fiscal Orencio Cerezuela ha pedido un nuevo informe forense para adaptar las cifras que solicita a la realidad actual y a las secuelas, mientras que las cantidades son muy variadas en las acusaciones particulares. Por ejemplo, Julio Frigard, quien representa a unos seis afectados, pide para cada uno 90.000 euros, "pues consideramos que se trata de una incapacidad", expresa a Cartagena de Ley. La letrada Isabel Rosque solicita 3.600 euros para su cliente, que llegó a estar hospitalizado y sufre brotes de la enfermedad. Tres afectados lleva Juan José Carrión, mientras que los abogados José Miguel Roda, María del Mar Coquillat y Susana Casanova representan a un empleado cada una. Dos de los acusados, el matarife-encargado y la veteriana, son representados por el Ruipérez Abogados, desde donde solicitan que sean absueltos. "Pues eran trabajadores mileuristas que estaban sometidos a los mismos riesgos que el resto de empleados y no se da en ellos ningún tipo penal para ser castigados", afirma Ana Ruipérez, quien también indica que existía "un servicio de prevención externo".Francisco Valdés es el abogado defensor de los dos empresarios. No hemos podido, pese a dejarle varios avisos, hablar con él para dar a conocer sus alegaciones en este asunto. Sí hemos podido conocer que ha consignado en el juzgado las cantidades indemnizatorias que inicialmente solicita el fiscal. Noticia relacionada: El juicio por la denuncia de 27 trabajadores que resultaron infectados en un matadero no pudo celebrarse