El testimonio del representante de la sociedad que firmó el contrato de compra-venta de los terrenos con la directiva de la cooperativa Proyecto Joven fue lo más destacado de la quinta sesión del juicio, el cual se vio interrumpido por un apagón eléctrico. En sus declaraciones confirmó que han cobrado 1,4 de los 3,2 millones del precio pactado, pero que el contrato establecía que podía seguir con la faceta agrícola de las tierras hasta que se consumase la venta y que no tiene obligación de devolver dinero alguno o segregar parte del mismo por el valor de las cantidades recibidas.

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La quinta sesión del juicio contra cinco personas acusadas de llevar a cabo una estafa en el proyecto urbanístico Residencia Infanta Elena, que se iba a construir en Molino Derribao (Cartagena), ha comenzado con la declaración del tramo final de la relación de 102 afectados, siendo la anécdota el apagón que sufrió la planta baja del Palacio de Justicia de Cartagena, que obligó a llevar a cabo un receso en la vista oral y reanudar la declaración de uno de los inversores.

Entre las declaraciones llevadas a cabo, una mujer ha dicho que los dirigentes de la cooperativa se dedicaban a "dar confianza en las asambleas, diciendo que sólo faltaban unos papeles y que los terrenos estaban comprados, por lo que el inicio era inmimente", además de que Cajamurcia "decían que avalaba las cantidades depositadas, pero luego se vieron cosas raras y llegaba oídas, por lo que llegamos muy alterados a una reunión, pues sentíamos que nos estaban engañando". Dijo que pidió un documento por escrito de reconocimiento de deuda y de compromiso para devolver el dinero, "pero de pronto desaparecieron todos y no los hemos visto hasta este juicio".

Otra afectada apuntó que algunos cooperativistas fueron al Ayuntamiento. "donde les dijeron que no estaba previsto recalificar los terrenos, pero Joaquín afirmaba que lo sería en dos años y que no nos podía engañar porque no se iba a jugar su cargo militar por unos duros". Varios dijeron que no recuperaron nada, mientras que algunos afirmó que le dieron 8.000 de los 8.000 euros invertidos.

Después compareció en la sala de la sección quinta de la Audiencia Provincial el vendedor de los terrenos, uno de los testimonios más esperados. Esta persona estuvo imputado al principio de la causa, retirándose después los cargos. Reconoció haber percibido 1.415.000 euros en un contrato de compra-venta, con fecha de enero de 2005, de un terreno en la hacienda La Cañada cuyo valor de venta total iba a ser de 3,2 millones. La directiva de la cooperativa Proyecto Joven, que abonó la mayor parte de la deuda en dinero en efectivo, según se dijo, llevó a cabo ese contrato con una sociedad limitada que entonces carecía de actividad, "pero que era la titular del terreno y fue una empresa que funcionó hasta 2009", pese a que no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad, "por un problema que había de exceso de medida", dijo quien representó a esa mercantil y que explicó que el dinero recibido lo repartió con el otro socio de la empresa.

La fiscal, Yolanda Cuadrado, le preguntó si no le parecía excesivo ese precio de venta por un terreno rústico de plantación de brócoli, respondiendo el vendedor que era normal por la época, y a preguntas de la acusación particular, en concreto a través del letrado Julián Sanz, reconoció que no ha pagado impuestos por el dinero recibido pese a que en un año, en lo que va de la compra a la venta de los terrenos, el precio del terreno se incrementó en 2,8 millones, "porque mis asesores me dijeron que no había que hacerlo hasta la venta total del terreno y su escritura, que no se llevaría a cabo hasta recibir todo el dinero". Añadió que cuando Joaquín le dijo que no se podían hacer frente a más pagos, "decidimos dejar el tiempo para ver si se solucionaba".

Mientras, ha seguido explotando agrícolamente esas tierras, pues en el contrato privado se establecía que continuaba con la posesión del terreno mientras se producían los pagos y podía seguir cultivando los terrenos. También se establecía que si se producía impago, el vendedor se quedaba con los terrenos sin obligación de devolver el dinero.  

Sanz, quien representa a la mayoría de los afectados, apuntó que los cooperativistas se dirigieron al vendedor por este asunto y que tuvo lugar un acto de conciliación en 2010 ante el juzgado de Primera Instancia número 3 para que reconociera "determinados extremos del contrato y ante la posibilidad de solucionar el tema", planteándose escriturar parte de los terrenos para la cooperativa. ¿No es cierto que usted se nego?. "No me he negado a nada, esas cosas las lleva mi abogado", respondió.

El presidente del tribunal llamó la atención a la fiscal por comentar que hay que "admirar la visión empresarial del vendedor al quedarse con los terrenos y el dinero", cuando la fase del juicio sólo abarcaba preguntas y no conclusiones, y al letrado Sanz por un comentario que hizo al vendedor sobre el dinero cobrado y no declarado ante Hacienda.

Después preguntaron otros letrados. Pérez Avilés, quien defiende a Joaquín, preguntó si el precio de 3,2 millones por el terreno no sería más bien por las perspectivas de recalificación que por ser un terreno de brócoli. "Yo nunca dije que se iba a recalificar", dijo el vendedor, quien afirmó que otros terrenos del entorno sí han cambiado su calificación urbanística.