Nueve días de vista oral son las que se han fijado en la Audiencia, en Cartagena, por un asunto de supuesta estafa en la cooperativa Proyecto Joven. Hay cinco acusados, para los que se piden penas de prisión que suman 46 años, y 102 afectados, que reclaman más de dos millones de euros. El juicio cuenta con una media de 20 declaraciones de testigos por día.

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La causa se centra en varios cooperativistas acusados de publicitar la construcción de un complejo residencial sin tener la titularidad de los terrenos, pese a lo cual cobraron las entradas y mensualidades de las víctimas, según las conclusiones de la Fiscalía.

La cooperativa de viviendas Proyecto Joven se constituyó en junio de 2005, anunciando la construcción en dicho régimen de las viviendas del Residencia Infanta Elena en Molinos Marfagones, sin ostentar la titularidad de los terrenos, remarca el Ministerio Público, pese a lo cual recibieron de los interesados en adquirir inmuebles en dicho complejos entradas que oscilaban entre seis y doce mil euros, además de mensualidades mínimas de 300 euros. La cooperativa desarrolló su actividad hasta febrero de 2009 y en su período de actividad los cooperativistas no fueron formalmente convocados a asamblea alguna, ni se les rindió cuentas ni se contrato seguro o aval que garantizase la devolución de las cantidades aportadas.

Por este asunto, están imputados el presidente y administrador de la cooperativa, Joaquín E.H. (quien estuvo tres meses en situación de prisión provisional); el interventor, Gregorio M.O.; la secretaria, Lourdes G., y una empleada, Silvia F.R., para quienes se piden 10 años de prisión y multa de 8.640 euros para cada uno.

Hay un asunto paralelo respecto a un posible alzamiento de bienes del presidente hacia su ahora ex mujer, asunto éste por el que la fiscal pide tres años de cárcel para cada Joaquín E.H. y Carmen S., además de 4.320 euros de multa.

Respecto a la responsabilidad civil, se pide que la devolución del dinero aportado a los perjudicados de forma solidaria y conjunto. La cantidad supera los dos millones de euros.

El despacho de Sánchez Aliaga y Pérez Avilés defiende a los acusados, rechazando las imputaciones, mientras que hay varios letrados que representan a las 102 personas, parejas o familias que entregaron un dinero que no han vuelto a ver.

El juicio se prolongará hasta el 2 de marzo con más de 160 testigos citados. El primer día, este lunes, declararán los cinco acusados. En los restantes ocho lo harán los perjudicados más testigos solicitados por acusación y defensa, junto a peritos. La jornada final estará dedicada a las conclusiones.

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