El juzgado de Lo Social número 3 de Cartagena ha declarado la nulidad del despido de un vigilante de seguridad al considerar que se trataba de una represalia empresarial.

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El trabajador recurrió el despido alegando que era una represalia empresarial por una reclamación anterior que había efectuado por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El juez José Grau consideró que la empresa no justificaba el despido y lo ha declarado improcedente. Respecto al daño moral, el trabajador solicitó 33.700 euros alegando que eran dos años los que llevaba 'perseguido' por la empresa, fijando finalmente el juez la cifra de 2.500 euros.