Murcia acogió ayer la vista oral por el expediente de regulación de empleo que afecta a 28 personas procedentes de Onda Regional de Murcia, Ente RTRM y Televisión Autonómica, actualmente integradas en una sola empresa.

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La demanda colectiva presentada por el comité de empresa y defendida por el letrado de CC OO Joaquín Dólera reclama de la justicia la nulidad de esos despidos, pues considera que ha habido fraude de ley (se han argumentado razones económicas cuando la realidad es que el ahorro no existe o es irrelevante); además, la negociación del ERE se realizó con mala fe, regateando la documentación que se reclamaba y eludiendo la discusión sobre medidas de ahorro que evitaran la pérdida de empleo.

El informe pericial económico, defendido por Manuel Tovar, profesor de Economía en la UMU, aportó una documentación exhaustiva (memorias económicas, Tribunal de Cuentas, auditorías de las empresas) que demuestra cómo la oculta intención del ERE es tapar años de despilfarro y mala gestión en la televisión, cuyo servicio se ha degradado en el último año, y de qué modo se intenta disimular mediante una acción injustificada que arrastra en esa degradación a Onda Regional, que en 23 años de existencia nunca ha registrado déficit y siempre se ha ajustado a presupuestos casi congelados.

También se ha puesto de manifiesto que el recorte de personal no ha afectado en ningún caso a los puestos directivos, cuya estructura permanece intacta a pesar de la reordenación de la empresa después de la fusión en RTRM y cuyo sueldo es en algún caso –como el del secretario general de RTRM- superior al del presidente de la Comunidad Autónoma.


El informe pericial sobre el servicio público ha sido realizado por el periodista de Radio Nacional Javier Cortijo, profesional con 30 años de experiencia, con el que demuestra cómo el ERE hace imposible el cumplimiento de la ley que establece unos objetivos de calidad en la programación de la radiotelevisión autonómica, y particularmente en la radio Onda Regional de Murcia.

En el juicio se han aportado, entre otros testimonios de calidad, los acuerdos de pleno o de junta de gobierno de una decena de ayuntamientos que reclaman la permanencia del servicio íntegro de la radio, así como del Colegio de Periodistas.

En defensa de la aportación a la cultura y aportando su testimonio como oyente ha intervenido el catedrático de Historia del Teatro César Oliva.

Finalmente, el fiscal ha criticado los criterios utilizados para seleccionar a los despedidos, y ha pedido que se aplique la moralidad en este caso.

Los trabajadores consideramos que la decisión de reducir plantilla es política, no económica, con el objetivo de justificar ante la sociedad la necesidad de recortes en tiempos de crisis, y sin que se asuma la mala gestión de la empresa que, tanto en la televisión como en la radio públicas de la región de Murcia, están causando un grave daño a un servicio que, por ley, está considerado “esencial y de interés económico general”. Confiamos en que la justicia nos dé la razón, se anulen los despidos y se recupere la dignidad de la programación radiofónica, que ha perdido casi todos los contenidos especializados y ha aumentado significativamente la repetición de grabaciones, mientras que ha mermado los servicios informativos.