La reforma laboral que el Gobierno de la Nación instauró hace año y medio disparó los despidos, como se da fe en los tres juzgados de Lo Social de Cartagena, que ha percibido ese más que notable incremento. Otro tipo de reclamaciones que también se está dando es de tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, como son decisiones empresariales que afectan a los veinte minutos del bocadillo, a la salidas a fumar e, incluso, a ir al aseo.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, dio a conocer hace unos días en Cartagena la memoria del año judicial 2012. Debido a las tasas y costas, bajó el volumen de asuntos ingresados con respecto a 2011 en todos los órganos (civil, penal, contencioso) con excepción de Lo Social, es decir, lo que abarcan el terreno laboral, donde se incrementó la entrada de demandas en 1.098 asuntos, pasando de 12.480 a 13.578, un crecimiento que continúa en el primer semestre del presente año en Cartagena, donde funciona tres salas con los jueces Carlos Contreras, Salvador Díaz y José Grau. A nivel regional, cerca de la tercera parte de esas demandas corresponden a despidos: 4.517 de 13.578.

Los despidos son los principales asuntos que deben resolver los jueces, con una cifra al alza evidentemente influenciada por las medidas de abaratamiento del despido que aplicó el gobierno de Rajoy con su reforma laboral de febrero de 2012.

El otro incremento se observa en los derechos de los trabajadores durante su jornada laboral, con demandas que buscan la tutela judicial para los empleados. Hace unas semanas publicamos un asunto abierto porque una empresa prolongaba la jornada en los veinte minutos que empleaban sus trabajadores en el almuerzo (los veinte minutos del bocadillo). Pero hay más. No permitir salir a fumar, controlar las veces que se puede ir al aseo o a los descansos de diez minutos cuando se pasan muchas horas ante la pantalla del ordenador son otras demandas que están sobre la mesa de los jueces de Cartagena.

Otro asunto que han detectado los letrados es la creación de comités de empresa controlados por las sociedades. Al no existir, lo auspicia la propia empresa y después permite descolgarse del convenio del sector y fijar unos sueldos inferiores. En la Region ya hay seis casos detectados.