"Hice todo lo posible para pagar, incluso hipotequé la casa de mis padres", dijo el acusado ayer en el juicio. "Pequé de confianza y resultó un engaño que me costó el puesto de trabajo", expresó el entonces administrador de una empresa que reclama una deuda de 57.466 euros y que acusa al primero de estafa. El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia, en Cartagena.

¿Hubo o no hubo estafa en la colocación de unos pagarés a la empresa Morata por parte de Antonio J.C.? Es la duda que deberá resolver el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, que ayer acogió la vista oral.

Antonio aseguró que comenzó a tener problemas económicos cuando su empresa entró en concurso de acreedores en 2008 y que, dada su relación personal con el administrador de Morata, le pidió descontar unos pagaré para poder pagar así a sus trabajadores. "Hice todo lo posible por pagarle a Morata ese dinero, incluso hipotequé y reipotequé la casa de mis padres", expresó.

Después declaró el entonces administrador de la empresa demandante, quien ha reconocido que tenía una relación de amistad con el acusado, pues ambos pertenecían a junta directiva de una agrupación de Semana Santa. "Parecía una persona solvente, como reflejaba por los Audi que conducía, cuando me planteó una operación en la que nos endosaba un pagaré porque tenía agotadas las líneas de descuento. Era la primera vez que lo hacíamos, pero se planteó como un favor para sacarle de un apuro. Pequé de confianza, pequé de que era un engaño y me costó perder el trabajo en una empresa en la que llevaba 19 años, cinco de ellos como directivo. No pensaba que se iba a aprovechar y fui a quien más le costó este asunto", indicó a preguntas de la acusación particular, que lleva el abogado Jesús Giménez Gallo.

La fiscal y el abogado de la defensa, Francisco Bernal Díaz, le insistieron en por qué no investigó la solvencia de Antonio, quien llegó a entregarles hasta once pagarés. "Pensé que estaba atravesando un momento malo, pues su apariencia de solvencia era buena", respondió.

Finalmente, tras las conclusiones, la acusación particular solicitó una pena de 6 años de prisión más el pago de 12 meses de multa a razón de 60 euros diarios y al desembolso de la responsabilidad civil por el dinero estafado (57.466 euros), mientras que fiscal y defensa reclamaron su absolución.