El secretario de Coordinación de Políticas Sectoriales y Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, ha calificado como “ley muy perjudicial para el patrimonio litoral de la Región y una vuelta al pasado especulativo”, la Ley de Costas aprobada por el Partido Popular que entró en vigor el pasado viernes, por lo que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Enrique Ayuso ha manifestado que la nueva norma legal tiene una gran repercusión en nuestra Comunidad Autónoma, que cuenta con 274 kilómetros de costa y dos mares, “por lo que es una zona muy extensa y de gran importancia ambiental la que queda desprotegida”. “La Ley reduce la zona protegida del litoral, desde 100 metros de la costa que teníamos hasta ahora, a sólo 20, lo que favorecerá la vuelta a la especulación urbanística. Además, amplía a 75 años las concesiones de construcciones particulares que están en dominio público, lo que creará más inseguridad jurídica” ha indicado.

Para Ayuso, “es hora de que los gobiernos del PP en Madrid y en la Región abandonen el modelo especulativo centrado en el ladrillo, que es la base de nuestra crisis”. “Debemos apostar por un modelo de crecimiento sostenible que no acabe con nuestro patrimonio natural, en especial el costero, sino que, por el contrario, lo ponga en valor como el principal atractivo de nuestra Comunidad”, ha añadido.

El responsable de Medio Ambiente del PSRM también ha recordado que la Ley se ha tramitado en el Parlamento con el único voto a favor del PP, y sin permitir que opinaran ni expertos ni organizaciones de defensa de la naturaleza.

Finalmente, Enrique Ayuso ha explicado que el Partido Socialista va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley, ya que la norma “altera la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la Constitución reserva al dominio público, y, en lugar de preservar las características del mismo, las modifica en función de intereses privados”. “Hemos pasado, concluye, de una ley anterior que protegía el dominio público frente al interés privado, a la actual, que protege en primer lugar el interés particular por encima de la defensa de nuestro patrimonio común”.