Agentes de la Policía Nacional detuvieron anteayer a Óscar Sáez por estar funcionando el taller que tiene en Pintor Portela, en Cartagena, sin la licencia municipal. Ayer pasó a disposición judicial, donde no aceptó que el asunto quedase en falta, pues considera que desde hace tiempo tiene presentada toda la documentación y "no soy responsable de que no esté tramitada la licencia". Aboga por una investigación judicial en un conflicto muy amplio que tiene más de veinte procesos en marcha. Por su parte, el Ayuntamiento expone que la licencia no se puede conceder hasta que se aclare una denuncia del ex socio de su padre y que se ha saltado varias veces el precinto del establecimiento, lo que supone una desobediencia a la autoridad judicial.

El asunto del taller Sáez de la calle Pintor Portela sigue 'caliente'. El origen se sitúa en el fallecimiento hace cuatro años de uno de los dos socios que regentaba 'Talleres Madrid y Sáez'. Sus dos hijos son los herederos de una parte de la actividad y se hacen con la del otro socio para iniciar otra nueva. Sin embargo, el otro socio, Antonio Madrid, denuncia en los juzgados que su voluntad fue viciada mediante argucias. 

El pasado 6 de febrero publicamos un artículo en el que se reflejaba la movilización por redes sociales y la recogida de firmas de sus actuales titulares, a la vez que la postura del ayuntamiento de Cartagena.

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Desde el gabinete jurídico municipal se asegura que no existe "cacicada alguna" y que la causa por la que no se puede tramitar el expediente de concesión de un cambio de titularidad del negocio se fundamenta en un auto del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo que indica que no se puede resolver hasta que se aclare el fondo del asunto después de la denuncia de Antonio Madrid. El taller sigue activo, siendo precintando en tres ocasiones por el Ayuntamiento. Al no respetarse esa prohibición, en dos ocasiones José Óscar Sáez (uno de los hijos del socio fallecido) ha sido detenido en lo que va de año. Anteayer tuvo lugar el segundo de esos arrestos por parte de la Policía Nacional. Ayer mañana pasó a disposición judicial, no aceptando ante el titular del juzgado de guardia dejar el asunto en una falta, con una multa de 150 euros, por lo que pasará a convertirse en una causa de desobediencia a la autoridad en procedimiento abreviado.

El enfoque del asunto, por parte de los hermanos Óscar y María Eugenia, es muy diferente. Para empezar, expresan a este periódico que no pueden cerrar "porque necesitamos trabajar porque no tenemos otro medio de vida y hay cinco familias afectadas". A continuación aseguran que en el reparto del inmueble y otros bienes no engañaron a nadie, "pues se sortearon las dos partes ante un notario el 13 de julio de 2011; además, hasta esa persona tiene más metros que nosotros". Proclaman que han aportado al Ayuntamiento todos los documentos que les indicaron en octubre de 2011 para llevar a cabo una cambio de titularidad, "que tienen sobre la mesa desde febrero del pasado año, además de pagar todo lo que nos han dicho. Desde Urbanismo es donde nos aconsejaron que llevásemos a cabo un cambio de titularidad". 

María Eugenia nos indica que han visto cosas raras en este asunto, "pues al efectuar nuestra solicitud, Antonio Madrid presentó una carta. ¿Quién le dijo que habíamos solicitado esa licencia?", apunta, además de mostrarnos una denuncia presentada contra el Ayuntamiento en la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, a quien señalan especialmente es a quien fue socio de su padre, "por su afán de hacernos la vida imposible sin fundamento alguno con denuncias ante el Ayuntamiento, los juzgados e Industria". También cree que un familiar de esta persona que trabaja en el consistorio pudiera tener algo que ver. Los conflictos entre ambas partes ya han generado, al menos, una veintena de asuntos que están en los juzgados.  

Aseguran que están "ahogados de pagar tanto proceso y a los abogados", pero que sólo les cabe "huir hacia adelante". Le preguntamos por qué no optan por trasladarse a otro lugar y explican que el taller está en un edificio que levantó su padre. También han sido sancionados con dos multas, una de 10.000 euros y otra, más reciente, de 100.000 euros. "No es justo lo que estamos sufriendo. Esas multas están motivadas por una modificación sustancial de la superficie del negocio con respecto a los planos municipales, "pero un ingeniero nos asegura que, de ser así, no tendría nada que ver con la concesión de la licencia".

Por último, expresan que están "dispuestos a todo" para poder trabajar y que son "personas normales que sufren una situación injusta". Su obsesión ahora "es que un juez se adentre en el fondo del asunto cuanto antes", por eso Óscar no aceptó pagar la multa, "para forzar a que se investigue a fondo todo este tema". Además de la vía judicial, los dos hermanos llevan recogidas unas seiscientas firmas de apoyo, han creado el perfil de Facebook: 'Empresarios perjudicados por el Ayuntamiento de Cartagena' y han colocado carteles delante de la entrada de Talleres Sáez pidiendo justicia.