El responsable de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Abellán ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide al Gobierno regional que reclame al Gobierno de España que dote de más medios personales y materiales a la Administración de Justicia y a la Fiscalía Anticorrupción.
Abellán argumenta en su moción, que las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han decidido protestar y convocar una huelga para el próximo 20 de febrero, con el fin de denunciar ante la ciudadanía que la Administración de Justicia no cuenta con los medios personales y materiales imprescindibles y que el Gobierno, "en vez de mejorar esta paupérrima situación, recorta aún más los escasos medios con que cuentan".

“Politización de la justicia”
La medida de presión también se convoca, explicó, en protesta por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que prepara el Gobierno, un proyecto que, según las organizaciones convocantes, persigue una "mayor politización" de la Justicia. Esta protesta se muestra, asimismo, en contra de la aplicación de las tasas judiciales, para las que piden su derogación.

“Consideramos que el Gobierno de España, lejos de castigar a los ciudadanos con impuestos que les impide el acceso a la justicia, debe reforzar y fortalecer con más personal y medios la Administración de Justicia", añade.

Francisco Abellán indicó que “frente a esta triste realidad, la ciudadanía está viendo con estupor el incremento de los casos de corrupción política y la escasez de medios personales y materiales que tienen los jueces y magistrados para combatirla, especialmente la Fiscalía Anticorrupción, que viene reiterando la necesidad de contar con más medios para combatir esta lacra”.

Recordó que los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han vuelto a pedir más medios personales y materiales para investigar las causas por delitos económicos y las vinculadas con la corrupción.

El diputado socialista señaló que precisamente la falta de medios hace que “en nuestra propia Región, los casos de corrupción política estén eternizados en los juzgados y tribunales, lo que supone una enorme pérdida de confianza y credibilidad en el sistema judicial y en el propio sistema democrático, donde es necesaria una actuación rápida”.