Los colegios de abogados de España están en alerta y fuertemente posicionados contra la posible supresión de los colegios oficiales que no están situados en capitales de provincial, que pasarían a ser delegaciones de la principal. Ese temor surge al circular un PPS que, al parecer, es la base del borrador de un anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.

"En el caso de los colegios de abogados, supondrían reventar la Justicia Gratuita; sólo pensarlo produce escalofríos", expresa el decano del colegio cartagenero, José Muelas, quien han sido uno de los impulsores que ha provocado que todos los integrantes del Consejo General de la Abogacía Española haya convocado su primera asamblea extraordinaria para oponerse. También es el autor del vídeo que ofrecemos en este artículo.

El Colegio General de Procuradores también ha mostrado su rechazo a esa posible reforma.

Hace unas fechas se filtró el borrador del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía, que contempla la reducción de colegios oficiales a una sola sede por provincia o autonomía. Los primeros en reaccionar han sido los abogados y concreto los decanos de Cáceres, Gijón, Reus, Jaén y Cartagena, que convocaron una reunión para el pasado día 18 que enseguida fue asumida por el Consejo General de la Abogacía Española, que la transformó en la primera asamblea extraordinaria que, al parecer, convoca en su historia. El resultado fue que los 83 decanos de España expresaron su oposición frontal a esa posibilidad. La cita fue acompañada por un vídeo que desde Cartagena, pues lo ha elaborado el decano, José Muelas, se envió a todos sus colegas y que se titula 'Por qué me gusta el 83', en alusión al actual número de colegios que hay en el territorio nacional.

"En el caso de otros colegios no nos pronunciamos, pero en lo que respecta a los abogados, que sí ofrecemos un servicio público con la Justicia Gratuita, no se sostiene suprimirlos, pues se trata de instituciones que se sostienen de su propio pecunio y que al Estado no le cuestan dinero; es más, debe dinero", expresa Muelas a Cartagena de Ley, quien añade sobre las consecuencias que la desaparición de cualquier colegio supondría "reventar la Justicia Gratuita; da escalofríos sólo pensar un turno de oficio privado".

También apunta que reducir a 15 colegios de letrados carece de sentido económico, "pues al Estado también le supondría contratar trabajadores, alquilar locales… no tiene sentido cuando ahora no le cuesta nada tener este servicio para la ciudadanía". Confía en que este asunto no avance, "pero, por si acaso, hemos encendido la alerta roja y nos estamos preparando para evitarlo".

En otros casos, como Reus, el asunto ha derivado en la aprobación por parte del Ayuntamiento de una moción de rechaza contra la supresión de su colegio de abogados.

Otras novedades hipotéticas son que sólo se puedan colegiar los abogados que actúan en los tribunales y la eliminación del examen de acceso a la abogacía.

Los procuradores también se oponen
El personal de la procura también está en contra y más si tenemos en cuenta que podría suprimirse la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y la procura. "Sería un grave error y mantener esa situación ofrece muchas ventajas", declaró Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores.