¿Local social o salón parroquial? La respuesta a esta pregunta que generó el conflicto judicial entre los vecinos del pueblo de Santa Ana (Cartagena) y la Iglesia ha tenido una solución salomónica, evitándose la celebración de un juicio y zanjando un conflicto que entró en los tribunales hace unos años. Los abogados María del Mar Florenciano y Clemente Campillo han protagonizado el acuerdo.

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El Obispado basaba la defensa de sus intereses en que tiene documentos de 1929 que reflejan su propiedad, mientras que los vecinos también aportaban documentos históricos, además de señalar que el centro social y la ampliación de la antigua ermita se llevó a cabo con dinero de los vecinos, además del pago de los recibos de los consumos eléctrico y de agua.

Esta situación provocó tensiones entre quien ocupaba la presidencia de la asociación vecinal, Francisco Vallés (quien falleció hace algo más de un año), y el entonces párroco, Escudero, dando paso a un asunto judicial para aclarar su propiedad. El juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena recogió el asunto, que ha tenido a María del Mar Florenciano como abogada de la Asociación de Vecinos de Santa Ana, y a Clemente Campillo Ballesta, como letrado del Obispado.

El asunto llegó a tener fecha para celebrar el juicio, pero se aplazó en pos de un acuerdo que no terminaba de llegar, por lo que nuevamente se señaló día para la vista oral y nuevamente se aplazó en aras de alcanzar una solución entre las partes. Ahora, por fin, se ha llegado a un acuerdo, que está pendiente de plasmar documentalmente. Esta salomónica solución reparte entre ambos los 850 metros cuadrados del local, ubicado entre el centro cívico y la parroquia, que ahora contará con dos copropietarios. Los letrados de ambas partes, María del Mar Florenciano y Clemente Campillo Ballesta, han confirmado a Cartagena de Ley que en breve mantendrán una reunión para darle forma a este principio de acuerdo.