En la Región de Murcia, se estima que existen de 75 a 100 establecimientos dedicados a la prostitución, en los que trabajan alrededor de 1500 prostitutas y en los que se mueven cifras que rondan los 150 millones de euros al año. Sobre este asunto se celebra el próximo jueves la Jornada Internacional sobre Prostitución y Trata de Mujeres, en la sede de UGT en Murcia.
La prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual son dos fenómenos intrínsecamente unidos que afectan mayoritariamente a mujeres que se encuentran en extremas situaciones de vulnerabilidad, en su mayoría, procedentes de países con mayores dificultades. La prostitución es una cuestión de género, las personas en situación de prostitución son un 97% mujeres y transexuales-mujeres, y los demandantes de servicios de prostitución son en un 99% hombres.
UGT ha manifestado en muchas ocasiones su rechazo absoluto a esta lacra social, que considera una forma de esclavitud, de desigualdad y de violencia de género. Según el Secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, “nuestro Sindicato se ha definido contrario a la reglamentación en materia de prostitución, entendiendo que considerar la prostitución como un trabajo más, es una idea que sólo contribuye, desde nuestro punto de vista, a perpetuar una situación que menoscaba la dignidad del ser humano y, en especial, de las mujeres, y que únicamente beneficia a quienes se lucran con el comercio del sexo”.
Para Antonio Jiménez, Secretario general de UGT Región de Murcia, “parece que tiene poco sentido entrar a debatir sobre derechos laborales cuando, ya de inicio, la prostitución supone una vulneración de los derechos fundamentales de la persona que la ejerce, de su derecho a la libertad, a la igualdad, a la integridad física y psíquica y en muchas y lamentables ocasiones, incluso, a la propia vida”.
En la Región de Murcia, se estima que existen de 75 a 100 establecimientos dedicados a la prostitución, en los que trabajan alrededor de 1500 prostitutas y en los que se mueven cifras que rondan los 150 millones de euros al año.
Según Jiménez, “es necesario exigir a los poderes públicos una reconducción del enfoque que se da a la prostitución, y que no se dejen llevar por hipócritas argumentos supuestamente “liberales”, y que empiecen a poner coto, de una vez, a las fuertes raíces que alimentan el fenómeno de la prostitución: la feminización de la pobreza, la perpetuación de la división sexual del trabajo y la reminiscencia de desigualdades entre hombres y mujeres en materia educativa, laboral y económica”, ha concluido.
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