Un vecino de La Aparecida, en Cartagena, lleva ocho años detrás de conseguir que se anulen las obras ilegales que llevó a cabo su vecino, incluso utilizando su medianera. El ayuntamiento de Cartagena le ha dado la razón repetidas veces y también el juzgado de Lo Contencioso-Administrativo, pero la burocracia se ha convertido en su principal adversario, pues que un juez confirme que la obra es ilegal no implica que su autor la tenga que derribar, según nos informan, pues precisa de la ejecución de sentencia en un proceso que se puede dilatar solicitando una regularización de la misma, aunque se sepa que no prosperará. "Parece que las autoridades se preocupan más de los que infringen las leyes que de los que las respetan", dice en alusión a los juzgados y al Ayuntamiento.

Víctor Herrero es el sujeto de esta historia, primero como víctima pasiva y después por haber dado todos los pasos que daría cualquiera que en su lugar considerase que ha sufrido un atropello. Incluso, cuenta con la razón que le ha dado el ayuntamiento de Cartagena y el juzgado, pero ni así termina de consumar su objetivo.

Nos situamos en la calle Nueva de La Aparecida. El propietario de una parcela levanta una construcción ilegal (2,40 metros metros de altura), que ocupa la mediana de la pared con el vecino. Además, la tubería de desagüe lleva el agua a la parcela de este vecino, quie, viendo que no rectifica, denuncia el asunto, personándose el 28 de octubre de 2004 los inspectores. En los años siguientes se suceden los recursos que confirman la ilegalidad de la obra y las multas hacia el autor, pero la obra sigue ahí. Incluso, en 2008, se le insta "al restablecimiento del orden restringido", pero ni así. El 11 de febrero de 2010 vuelven a ser desestimadas en Urbanismo las alegaciones de la persona denunciada, la cual recurre a la justicia, pero ahí también el entonces juez en Cartagena de la sala de Lo Contencioso-Administrativo, Juan Carlos González Barral, da la razón al ayuntamiento de Cartagena (demandado) y a Víctor Herrero (codemandado) en todos los asuntos planteados (falta de motivación, prescripción, caducidad e indefensión), confirmando el decreto de fecha 16 de febrero de 2009 de la Gerencia Municipal de Urbanismo en materia de sanciones urbanísticas. La sentencia es de fecha 30 de junio de 2010. Han pasado dos años y todo sigue igual.

Víctor Herrero muestra documentación de cada comentario que hace y de cada paso que ha dado. "Siempre he actuado correctamente, pero esta persona nunca sólo ha pensado en sus intereses. Incluso, creo, que estaba convencido de que podía levantar una obra ilegal y luego legalizarla pagando una multa", expresa Herrero a esta redacción, además de apuntar que la construcción es peligrosa, pues se apoya en una pequeña pared sin cimientos, que soporta, incluso, vigas de una terraza y una escalera de obra civil. "Un día puede ocurrir una desgracia y entonces nadie se sentirá culpable", apunta además de resaltar el tiempo y el dinero que le está costando esta historia.

En Urbanismo han informado a esta redacción que se ha presentado una solicitud de regularización de la obra por parte del infractor y nos explican que, aunque la licencia de la obra sea ilegal, "todo es recurrible y con este expediente no se puede acometer el derribo hasta que no se resuelva el mismo". Aseguran que el Ayuntamiento ordenó la demolición, "pero para acceder a un dominio privado hay que tener autorización, pero el propietario nos la negó, a la vez que solicitaba la legalización de la obra. Entonces le solicitamos al juzgado poder acceder al terreno, pero nos lo ha negado hasta que se resuelva el expediente". El juzgado al que hace alusión es también Lo Contencioso-Administrativo, el mismo que confirmó la ilegalidad de la obra.

"Es indignante para cualquier persona todo lo que está pasando", proclama Herrero, quien también decidió entrevistarse con el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, y con el gerente. "Me dijo que esto se termina con el derribo, pero no se terminó. Pienso que me están entreteniendo injustamente… ya no sé que pensar".

Pero Víctor Herrero no se rinde y ahora va a retomar el camino judicial exigiendo la ejecución de la sentencia y reclamando daños y perjuicios a su vecino y al Ayuntamiento.