Algunos de los ciudadanos que resultaron agredidos por policías en la manifestación del 15 de junio ante el Palacio de Justicia de Murcia y el día 18 en Los Mateos (Cartagena), cuando trataban de evitar que se llevase a cabo un desahucio, iniciarán de forma inminente acciones legales contra las autoridades policiales y políticas. "Esos sucesos son un claro atentado contra los derechos básicos de aquellas personas que expresan su rechazo contra las injusticias sociales”, proclaman.

El pasado 15 de junio, aquellas personas que, ejerciendo pacíficamente su derecho constitucional a la libertad de expresión, se encontraban a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, sufrieron diversas agresiones, amenazas e insultos por parte de numerosos agentes de la policía nacional.

Tres días después, 18 de junio, un grupo de ciudadanos que intentaban paralizar el desahucio de una familia residente en Los Mateos (Cartagena) por parte del BBVA, fueron víctimas de una desproporcionada carga policial que causó heridas de distinta naturaleza a muchos de los que participaban en esa acción pacífica y solidaria con esta familia.

La reacción de las personas que contemplaron estos sucesos fue de perplejidad, indignación y protesta, tomando fotografías y grabando la agresión con sus teléfonos móviles. En ningún momento hubo un intento de agresión a la policía, afirman desde el movimiento del 15M.

Para el movimiento, “como se ha denunciado en multitud de ocasiones, los tratos degradantes infligidos por los Cuerpos de Seguridad y la violencia institucional en el Estado español no son excepcionales. Sucesos como los vividos días atrás en nuestra región son un claro atentado contra los derechos básicos de aquellas personas que expresan su rechazo a cualquiera de las injustas situaciones de orden social que, día tras día y cada vez más, vienen sucediéndose”.

En este sentido, la conducta de los responsables políticos y de los cuerpos de seguridad “resultan intolerables y deben ser erradicadas, por lo que exigimos a las autoridades responsables que investiguen los hechos y depuren responsabilidades, requiriendo especialmente a la Delegación del Gobierno que haga uso de sus competencias a fin de velar por el respeto a los derechos básicos de las personas, comprometiéndose a detener esta escalada de violencia policial”.

Por todo ello, algunos de los ciudadanos agredidos iniciarán de forma inminente acciones legales contra las autoridades policiales y políticas.

Una de las bases fundamentales de cualquier estado democrático es ofrecer y garantizar a sus ciudadanos la posibilidad de manifestar, opinar y mostrar su descontento contra las políticas de dicho estado. Así, dicen desde el 15 M,  “el momento en que empezamos a descuidar nuestros propios derechos, e ignoramos sucesos graves, sin denunciarlos y mostrar nuestro total desacuerdo, justo en ese momento es en el que se comienza a desmoronar la democracia que de boca todos defendemos”.

“Callarse y no manifestar nuestro desacuerdo con la violencia policial injustificada, es legitimar tales actuaciones, y es permitir que este tipo de represión antidemocrática se acabe generalizando. Y, en un futuro, quizá te acabe tocando a ti”, añaden. Para el movimiento, las similitudes con una dictadura son cada vez más preocupantes.

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