La acusación particular solicita doce años de prisión para Raimundo R. P. como supuesto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida durante la construcción de viviendas en la urbanización Los Tajos de Canteras, además del pago de la responsabilidad civil. El acusado asegura que es inocente y la Fiscalía pide su absolución. Llama la atención que el origen de esta causa se sitúa tres lustros atrás, pues surgió en el año 1997.

En aquellos tiempos en los que las urbanizaciones proliferaban, muchas no tuvieron un desarrollo en su construcción como se esperaba, surgiendo problemas que, en ocasiones, provocaban diversos criterios de actuación por parte de los propietarios. Algo así pudo suceder en la urbanización Los Tajos de Canteras, donde una pareja no se sumó a la decisión de la mayoría y ha mantenido en solitario su particular batalla con el constructor. Sólo el tiempo resuelve si esas decisiones, tan costosas de adoptar, fueron acertadas o no. En este caso, ya han pasado quince años. Aquellas obras son casas y aquellas parejas han vivido mucho desde entonces. Ahora, en la sala de la sección quinta de la Audiencia Provincial, toca mirar hacia atrás. Uno, el acusado, para defenderse. Otros, la pareja denunciante, para intentar lo que para ellos sería hacer justicia.
La Fiscalía no acusa en este caso, por lo que la acusación particular lleva ese peso en solitario. Reclaman seis años por una supuesta estafa y otros tantos años por apropiación indebida, además del pago de de la responsabilidad civil. La defensa, como es obvio, pide la absolución. Luis Silvente González y Enrique Ródenas son los letrados de esta causa ante el tribunal de la Audiencia.

En la sesión de ayer, la acusación trató de demostrar que Raimundo suscribió contrato individuales con los propietarios en los que se comprometía a llevar a cabo la obra y que lo hizo como administrador de Valeo Servicios Inmobiliarios y como administrador de la subcontrata que ejecutó los trabajos. Ese proceso tuvo una variación importante, "el director del Banco de Murcia me aconsejó convertir a los propietarios de la viviendas en copropietarios del terreno para ahorrar el pago del impuesto de transmisiones, que era una fórmula espectacular que estaba dando magníficos resultados. Todos dieron el visto bueno para ser copropietarios y nos pusimos a trabajar. Yo siempre actué de buena fe", ha dicho Raimundo. Sin embargo, los demandantes aseguran que ellos nunca dieron su beneplácito a ese cambio de rol en esta historia. "El 11 de noviembre de1997 se pidieron poderes individuales ante notario, al día siguen se escrituró el terreno como copropietarios y el día 18 esta pareja revocó el poder que había otorgado", explicó el letrado de la acusación.
Luego viene el problema económico. "Nos encontramos que el suelo no facilitaba la cimentación de zapata y hubo que optar por una losa de cemento flotante, que encareció el costo", continúa diciendo el imputado. "Al llegar al 95 ó 97% de la obra no quedó dinero, por lo que reuní a todos los propietarios. Faltaban casi tres mil euros por vivienda", apuntó, expresando que se quedó sin dinero y ya no volvió a hacer más obras. Dejó la obra de canteras "cuando las obras estaba casi construidas; todas mis actuaciones fueron sensatas y responsables", aseguró.
La acusación particular aseguró que quedaban bastantes cosas por hacer, dijo que los trámites de VPO los tuvieron que acabar los copropietarios y que un aparejador renunció por desavenencias técnicas. También abordó el destino de más de cuatro millones de las entonces pesetas que recibió el acusado como representante de una hipotética comunidad de propietarios. Raimundo no lo reconoció en un primer momento, pero sí después al ver al firma en el documento. Dijo que ese dinero fue destinado a pagar proyectos, licencia, colegios oficiales, etc.
Entre otros testigos estuvieron los integrantes de una pareja que entonces adquirió una vivienda, que devolvió entonces ("tras perseguir al constructor varios meses") al observar que el patio no tenía las medidas que rezaban en el plano. Esta pareja estuvo pagando unos ocho meses pagando recibos y no fueron copropietarios, "nosotros comprábamos una casa, no la construíamos", pero sí apuntaron que en una reunión posterior uno de los vecinos le comentó que eran como una cooperativa.
Hoy, jueves, la segunda y última sesión de esta historia judicial.