La Unión de Radioaficionados Española (URE) de Cartagena ha presentado en los juzgados una denuncia en los juzgados contra el presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de Jardín por supuestas coacciones e insultos. El origen de este conflicto se sitúa en la pretensión del mandatario vecinal de que el colectivo de radioaficionados pague una cuota por la utilización del espacio que ocupa en el local social de la barriada cartagenera.

La sección de Cartagena de la URE ha presentado dos denuncias en los juzgados en las que acusa de insultos y coacciones al presidente vecinal de Ciudad Jardín. "Cada vez que hemos hablado del asunto de pagar por el espacio que ocupamos en el local social hemos acabado siendo insultados y, además, en tres ocasiones desde el pasado 12 de abril esta persona nos ha impedido el acceso a esas dependencias. Así que llegó un momento (el último incidente tuvo lugar el 27 de junio) en el que dijimos 'se acabó' y hemos optado por presentar la denuncia para evitar que la situación vaya a más y que sean los tribunales los que resuelvan", explica a Cartagena de Ley como presidente de los radioaficionados, quienes presentan en sus escritos los nombres de varios testigos de esos hipotéticos insultos y amenazas.

Por su parte, el presidente vecinal, Alfonso López Escolar, rechaza que les insultase: "No, no les insulté". Mientras que asegura que únicamente les dijo que les iba a echar "si no pagaban".

El conflicto entre ambos colectivo tiene como origen la utilización del local social de Ciudad Jardín, en el que la URE ocupa una habitación desde el año 1988.

El conflicto: Versión de la Asociación de Vecinos
Alfonso López nos enseña el nuevo reglamento de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Cartagena que, en su artículo 13, establece que los colectivos que han uso de un local social deben pagar para el mantenimiento del mismo. "En 1988 se firmó una concesión por cinco años y en 1994 ya acordó la entonces directiva de la asociación de vecinos (nos muestra el acta) reclamar una cuota a la URE, que no se llevó a cabo. Ahora, tras el nuevo reglamento, pedimos esa aportación porque se trata de un colectivo que hace uso de un espacio cuando el 60% de sus componentes son personas ajenas al barrio y que sólo tiene un socio de la asociación de vecinos. Yo sentiría vergüenza utilizar ese espacio si no soy socio". A continuación expone que los radioaficionados utilizaban una habitación pequeña y el salón, "pero cuando autorizamos a que una chica impartiese clases de inglés en el salón de actos, uno de ellos vino a decirnos que no se sentía a gusto y ya empezó esta trifulca, que lleva más de ocho meses". Cabe reseñar que en dos ocasiones ha hecho acto de presencia agentes de la Policía Local y Policía Nacional requeridos por la URE.

Ambas partes mantuvieron una reunión con el entonces concejal responsable, Isaís Camarzana. "Me dijeron que pagarían, pero que yo tenía que pedir perdón". Asunto no se resolvió y ahora la reunión la han vuelto a tener con el edil sucesor en esa función, Alonso Gómez López. "Ocurrió hace tres semanas y no se ha resuelto aún nada". También asegura que no tiene especial animadversión hacia los radioaficionados, "que incluso tienen una antena colocada desde 1988 sin haber efectuados revisiones y de la que gente se queja que provoca interferencias, y no hemos dicho nada, aunque antes o después deberán garantizar plenamente su seguridad".

El conflicto: Versión de los radioaficionados cartageneros
José Luis Navarro, presidente de la URE, lo primero que quiere aclarar es que el local "es propiedad del ayuntamiento, no de esta persona ni de la asociación de vecinos, que es usuaria, al igual que nosotros" y que no se han negado a aportar un dinero, "pero ni se nos han facilitado los estatutos ni se ha hablado de la cantidad que tendríamos que pagar". Asegura Navarro que, desde el pasado mes de septiembre, enviaron cuatro escritos al concejal Isaías Camarzana sobre este asunto y que el edil les dijo 'vamos a solucionarlo', pero que esa solución sigue sin llegar. Sí apunta que en esa reunión exigió que el presidente vecinal se disculpase por los insultos vertidos, "es lo menos que se puede pedir, pero unos días después vino a disculparse y acabó insultando otra vez".

Al no poder hacer uso del salón de actos ("al estar dando clases de ingles", expone), tuvieron que celebrar una asamblea con una treintena de socios "apretados" en la pequeña habitación en enero y entonces se acordó también solicitar audiencia a la alcaldesa, lo que se hizo unas semanas después, sin tener respuesta, al igual que había sucedido con dos escritos anteriores enviados la concejal de Descentralización, Nicolás Ángel Bernal.

Navarro reitera la buena predisposición del colectivo a buscar una solución y muestra, entre otros documentos, el documento de cesión de Patrimonio del ayuntamiento de Cartagena a la URE de un espacio en el local social de 1988 y que fue ratificado por el propio consistorio con fecha 2 de noviembre de 2007, donde se refleja que los gastos del local social son por cuenta de la asociación vecinal.

Tanto una como otra parte parecen lamentar que el ayuntamiento (propietario del inmueble) no haya resuelto ya esta situación tan desagradable y conflictiva.