El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre sobre el recorte salarial del 5% de media de las retribuciones del personal del sector público, con lo que reafirma la medida decretada por el Gobierno en mayo de 2010.
El Fiscal General del Estado se opone a la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad de la Audiencia Nacional porque la estima la "notablemente infundada" y aprecia el incumplimiento de los requisitos procesales para su promoción.

De la misma forma, el Fiscal se opone a la admisión a trámite de la cuestión de constitucionalidad relativa a la disposición adicional sobre personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Adif, Renfe y Aena porque resulta "inadmisible" dada su falta de "aplicabilidad y relevancia".