Un testigo de un juicio aseguró ante el tribunal de la Audiencia Provincial que había sido amenazado antes del inicio de la sesión, en concreto, cuando se encontraba en la sala de espera. Una de las personas que allí se encontraban indica que los observó hablar pero que no vio nada que le llamara la atención. El presidente, José Manuel Nicolás, invito al testigo a presentar una denuncia si así fuera. El juicio, que abordó una supuesta estafa en la compra de abonos, también estuvo marcado por las lágrimas que derramó una de las acusadas durante su declaración.

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Un supuesto delito de estafa es el que se juzgó en la sección quinta de la Audiencia Provincial. Según las conclusiones de la Fiscalía, el hombre compró entre finales del año 2002 y abril de 2003 diversas partidas de abono por un importe total de 45.410,62 euros a una empresa de Roche "con ánimo de un enriquecimiento de lucro e ilícito" y "sin voluntad de pagar", consiguiendo aparentar una solvencia económica que no era real, para lo que entregó un primer pagaré con fondos y otros once que se fueron renovando y que carecían de fondos.

Según la declaración de los acusados, indican que denunciante y denunciado eran amigos y mantuvieron relaciones comerciales desde el año 1991 sin ningún tipo de problemas y que, entre 2002 y 2003, comenzaron los problemas empresariales y el hombre, acusado de estafa, no pudo hacer frente a los pagarés que previamente había emitido. Según su declaración y la de su hermana, organizaron una comida los dos (denunciante y denunciado) para convencer a ella de iniciar las mismas actividades comerciales en otra empresa para así poder hacer frente a las deudas que su hermano había acumulado.

Esta empresa tampoco dio su fruto y las deudas no se pudieron solventar, iniciando entonces, por parte del denunciante, el distribuidor de abono, los trámites legales para intentar cobrar los más de 45.000 euros que le debía, acusando a J. M. L. de un delito de Estafa.

El distribuidor de abono por su parte ha asegurado que mantuvieron relaciones comerciales pero no desde hacía tanto tiempo y que la relación era estrictamente profesional hasta que surgieron los problemas, y él “metió a la hermana de por medio para crear otra empresa y tampoco me pagaron”, dijo. Posteriormente declaró el testigo, quien se limitó a corroborar su declaración y apuntó que la acusada le había amenazado minutos antes de la celebración del juicio.

La Fiscalía, en sus conclusiones finales, que elevó a definitivas, apunta que no considera que existiera un engaño previo y que pudo ser fruto de relaciones comerciales que finalizaron con insolvencia por parte del acusado, por lo que se trataría de un acto dilatador de obligaciones.

La acusación particular, llevada a cabo por el madrileño Antonio Piñeiro García, considera que se trata de un delito de Estafa y la defensa, llevada a cabo por Santiago Castillo, asegura que no existió engaño por parte de los acusados y pide la absolución. Subsidiariamente, solicita un atenuante por dilación indebida en el tiempo del asunto y que se aplique la reforma del Código Penal que reduce las penas de 9 a 6 años a de 1 a 3 años.

Juzgado: Sección Quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal formado por José Manuel Nicolás Manzanares, José Joaquín Hervás Ortiz y Miguel Ángel Larrosa.

Delito: Estafa.

Acusado: J. M. L., mayor de edad y sin antecedentes penales.

Petición de pena: La Fiscalía solicita una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 1620 euros. Además de una indemnización a la empresa de 45.410,62 euros.
La acusación particular, llevada a cabo por el madrileño Antonio Piñeiro García, considera que se trata de un delito de Estafa y la defensa, llevada a cabo por Santiago Castillo, asegura que no existió engaño por parte de los acusados y pide la absolución. Subsidiariamente, solicita un atenuante por dilación indebida en el tiempo del asunto y que se aplique la reforma del Código Penal que reduce las penas de 1 a 3 años.