Jueves, Julio 04, 2024
   
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Condenados dos hermanos por vender dos veces los terrenos del Parque de Seguridad y El Corte Inglés

La sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha revocado la sentencia de un juzgado de Lo Penal que absolvió a dos personas de un delito de Estafa y les ha condenado a un año de prisión, más el pago de unos seis millones de euros, por llevar a cabo una doble venta en los terrenos de la antigua 'Algodonera', que en la actualidad ocupan el Parque de Seguridad de Cartagena y El Corte Inglés. La causa, que constaba de 14 tomos de documentos, varias cajas de informes y muchas horas de testimonios, surgió en 1999 por la denuncia de una emrpesa contra otra.

Enlaces vinculados:

¡ Siete horas de juicio para aclarar una supuesta estafa !

Absueltos de cometer una estafa en los terrenos del Parque de Seguridad y de El Corte Inglés

La historia, compleja de resumir, surge en 1999, cuando la empresa de los acusados se adjudica un concurso público y firma con el Ayuntamiento un convenio para construir el Parque de Seguridad, que incluye el compromiso de permutar el terreno con la finca de la antigua Algodonera, donde después se levantaría el edificio de El Corte Inglés. El 10 de octubre de 2000 esta empresa firma con Edival la cesión de derechos futuros, pero en junio de 2002 anula ese acuerdo y suscribe otro con Mariola Gestión y Servicios.

El juez de Lo Penal, en su sentencia sobre un juicio que duró siete horas, consideró que no existió Estafa por doble venta según el artículo 251 del Código Penal. Entonces, el despacho de Garrigues Abogados (a través de los letrados Pablo de la Vega, Ignacio Pérez y Julián Lozano) recurrió en nombre de la empresa Edival a la Audiencia Provincial, cuyo tribunal sí considera que los hermanos Segado fueron conscientes de llevar a cabo un segundo contrato de compra-venta cuando ya estaba suscrito otro con otra entidad. El fallo se ampara en la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo y otras sentencias de audiencias provinciales.

Por ese motivo, condena a cada uno a un año de cárcel más el pago de la cantidad que les lucró en esa irregular operación y que podría estar entre seis y siete millones de euros. Esta nueva sentencia es recurrible en casación en el capítulo de la cuantía.

 

 

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