El nuevo recorte de 14 millones anunciado por Hacienda recoge una partida de 150.000 euros de minoración en las ayudas al funcionamiento y la formación de las organizaciones sindicales.

El sindicato recibe por parte del Gobierno Regional dos tipos de ‘ayudas’: por un lado, la ayuda referida a los planes de Formación de los trabajadores/as, previamente aprobados por la propia CARM y cuya cuantía debe ser adelantada por el propio sindicato, y la 'ayuda de funcionamiento' que recibe de modo exclusivo el sindicato de Enseñanza Pública para garantizar el cumplimiento del artículo 8.2.c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que dice textualmente que:

“2. Sin perjuicio de lo que se establezca mediante convenio colectivo, las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas o cuenten con delegados de personal, tendrán los siguientes derechos:

2.c. A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.”

La Consejería de Educación, como Administración Pública con más de 21.000 trabajadores/as, tiene el deber de garantizar locales sindicales en los que los trabajadores/as puedan ejercer sus derechos sindicales de información y reunión garantizados en la Ley Orgánica, deber que nunca ha podido cumplir, ante la incapacidad de garantizar local en cada uno de los centros de trabajo (cerca de 700), y por el que ha compensado al sindicato con una ‘ayuda’ para que éste pueda cubrir los gastos de organización, mantenimiento y funcionamiento de locales, que en el año 2010 tuvo una cuantía de 22.635,12 euros que aún no se ha ingresado y que ahora se anuncia que se suprime para 2011.

Así mismo, el mismo sindicato de enseñanza de STERM-Intersindical recibió en 2010 la autorización de una subvención de 16.627 euros para el fomento de la “Formación del Profesorado de la Enseñanza Pública de la Región de Murcia”, en un plan que es aprobado cada año por la propia Consejería de Educación y cuyos títulos están homologados por Formación del Profesorado de la CARM y del propio Ministerio de Educación: en año 2010, participaron en estos cursos de formación continua y gratuita organizados por el sindicato un total de 2000 profesores y profesoras, lo que supone un coste total de apenas 8 euros de dinero público por profesor/a. Este dinero, ha sido adelantado por el sindicato y no ha sido aún reingresado por parte de la CARM.


En defensa de los intereses de los trabajadores/as del sector público en la Región de Murcia y según lo recogido en los artículos 12 y 13 del 'Título V' sobre el derecho a la tutela de la libertad sindical, se va a preparar y a presentar en el momento en que, de forma oficial, se haga efectivo el recorte, una demanda judicial contra el gobierno regional por atentado al derecho del ejercicio de la libertad sindical y la protección de este derecho recogido en el artículo 8.2.c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 11/85.