(Justificación de la testimonial concentración ante la Asamblea Regional, en Cartagena)

La coyuntura actual y recientes acontecimientos aconsejan a la Plataforma por la Biprovincialidad 2es+ -y a la ciudadanía en general- ofrecer una respuesta pública y racional.

Hemos escuchado voces que proponen el precipitado cierre de un proceso de reforma vago e impreciso, que dura ya 14 años, por sorpresa, a dos meses de unas elecciones, de manera fulminante. Un Estatuto de Autonomía erigido en esta comunidad como ley de leyes, erróneo desde su concepción, incumplido durante 37 años en lo relativo al ‘desarrollo de las distintas comarcas de la Región sobre la base de unas relaciones armónicas que permitan terminar con los desequilibrios regionales internos’ (Preámbulo-en vigor).

Un Estatuto hecho apresuradamente, por una minoría de personajes de la capital, sin miras de conseguir una Comunidad justa, dinámica, unida, fuerte y mejor representada en el contexto  nacional. Hecho sin escuchar a todos los municipios debidamente, sin que se nos preguntara a la ciudadanía, algo que precisa previamente una rigurosa información a la sociedad civil. Hecho incluso con  una demostrada técnica del  “corta y pega”, en buena parte de su redacción, sobre la base de otros estatutos regionales... Y además, en un momento en que Albacete -hastiada- optó por marcharse de la Región, al saber del rechazo a su petición de universidad propia y a la permanencia de los juzgados regionales allí asentados...

Se perdió en aquella ocasión una gran oportunidad de  haber restituido la histórica provincia de Cartagena, vilmente derogada por los deseos del peor rey de la Historia de España, Fernando VII. De esta forma, la Comunidad  nació débil y desunida, presa de un centralismo inaudito, que ha ido a más durante la vigencia de este actual Estatuto. La disolución de la diputación provincial y su integración en el organigrama de la CARM ha restado voz a los municipios ante decisiones adoptadas por instancias regionales. La administración local se siente cautiva de criterios y presupuestos ajenos a sus objetivos, decididos por el gobierno regional y quienes lo apoyen.

La intolerancia y falta de voluntad política de la presidenta de la Asamblea Regional, negándose a recibir al presidente de 'la mesa sobre la viabilidad de la provincia de Cartagena y otras formas de descentralización'; la carencia de concreción y transparencia de representantes políticos ante reclamaciones y conclusiones de la propia mesa; el riesgo de equivocación en un paso importante hacia el futuro de toda una Región: la errónea reforma de su Estatuto; y la exclusión de la que nos parece la medida más importante para un desarrollo estratégico futuro, constituyen una justificación suficiente para hacer constar nuestra oposición y rechazo al ‘esprint reformista’.

Nada de lo anterior nos parece razonable, sabiendo que decisiones estratégicas de toda la Comunidad penden de ese articulado recogido en el nuevo Estatuto de Autonomía. Más aún persuadidos de la necesidad de incluir "un artículo y protocolo", cuyas razones y ventajas para todos, en reuniones mantenidas con distintos grupos políticos no fueron ni rechazadas ni rebatidas. Éste no es otro que la inclusión del articulado para establecer el protocolo de reorganización del territorio regional en dos provincias, a través de la restitución de la Provincia de Cartagena, configurada con los municipios de la comarca natural que así lo decidan. Extremadura, Canarias, Aragón... son regiones unidas, bien representadas en las Cortes, mejor financiadas, con similar extensión y población.

Ésta nos parece la medida transversal y estratégica más importante a incluir en el nuevo Estatuto y darles la vuelta a los negativos indicadores culturales, sociales, educativos y económicos que observamos, día tras día.

Al calor de las movilizaciones de pensionistas, están floreciendo algunos partidos “de jubilados y jubiladas”, en base a personalismos e intenciones de ruptura de la unidad pensionista. Los reclamos que agitan son tan peregrinos como la apolítica, la defensa en exclusiva de los pensionistas, la erradicación de la corrupción, y quitar el IRPF de todas las pensiones.

Pero vemos que esos partidos se nutren de jubilados VIP de rancio pasado, personas que no se han distinguido jamás por la defensa de sus compañeras y compañeros, que no se han prodigado en las movilizaciones de pensionistas, gentes con egos bastante subidos que han visto la oportunidad de figurar, y medrar como mercenarios de la política, creando partidos con cuotas mensuales de 10/15 euros/mes, que sólo con 50.000 incautos ¡pueden llegar a facturar 6-9 millones al año! Resulta fácil encontrar imágenes de esos prebostes en atriles de actos de ultraderecha, con lo que desaparece su pretendida apolítica. Poca lucha anticorrupción de quienes comienzan mintiendo. Además, llegados al momento que tuviesen que aplicar medidas sociales y económicas en un supuesto gobierno de pensionistas, ¿serían medidas neoliberales, socialdemócratas, marxistas…? Un partido que sólo mire por los intereses de l@s pensionistas es, desde unos principios morales, deplorable, y desde unos principios políticos, sociales y económicos, imposible e inviable. No nos hacen falta “salvapatrias”; otra vez, no, por favor.

¿Y la medida estrella? Sí, la petición de no pagar IRPF; es la que más les interesa por sus altas prestaciones, es una medida que a todas suena bien, tiene venta fácil, y nadie a quien le guste esa música va a preguntar por la letra de la canción... pero no tiene sustento ni debate real, es sólo una fachada destinada a la venta para pensionistas con altas prestaciones, porque l@s demás, un 63%, no pagamos IRPF. Además, mienten cuando hablan de doble tributación, porque saben que no la hay, que las pensiones son una parte del salario indirecto, la parte diferida. Veamos, es sencillo: nuestros salarios son de dos tipos; directos, los que cobramos cada mes cuando trabajamos, e indirectos, que son los bienes sociales que recibimos a cambio de los impuestos que pagamos con una parte de nuestro salario (sanidad, educación, etc), y dentro de los indirectos están los diferidos, que son las pensiones y que salen de las cotizaciones. Estas cotizaciones se descuentan del salario bruto antes de impuestos, y por tanto no pagamos IRPF por ellas. Son las mismas cotizaciones, de hecho, que dejamos de pagar al jubilarnos. No hay, pues, doble imposición.

Además, la Constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, creencias, edad, etc., y si el 37% de l@s pensionistas que pagamos IRPF dejáramos de hacerlo, se daría el caso de discriminación por razón de edad, porque quienes trabajan y cobran las mismas cantidades ¿por qué tendrían que aplicar el IRPF? Lo dicho, ni pies ni cabeza, sólo envoltorio bonito para incautos, ya rechazado por algún tribunal y por la UE, por cierto. No caigan en sus garras, es un consejo de los Yay@flautas de Cartagena…