El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aplicar la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a sancionar a las grandes empresas expedientadas por la inaccesibilidad de sus páginas corporativas de internet.

Desde hace años, hay abiertos varios expedientes sancionadores por presunta infracción de la normativa sobre accesibilidad de las páginas de internet de las que son titulares grandes empresas del país, sin que hasta el momento hayan sido resueltos por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a pesar de que han quedado acreditadas suficientemente, a juicio del CERMI, las deficiencias en esta materia, lo que contraviene la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y la de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El ministerio, según ha comunicado a las partes denunciantes, entre las que está el CERMI, propone el archivo de alguna de las denuncias (no en todas, en al menos una, hay propuesta de sanción) por la inexistencia de infracción, a la vista de los progresos que algunas de estas compañías han efectuado en la accesibilidad de sus páginas, en los años transcurridos desde que se denunciaron los hechos y ante la presión de los expedientes sancionadores en curso.

Para el CERMI, las mejoras introducidas en materia de accesibilidad en esas páginas de internet, algunas dudosas y en todo caso mucho tiempo después de las denuncias, no eximen de la responsabilidad objetiva contraída por esas empresas al no ofrecer condiciones de accesibilidad en el momento en que legalmente eran exigibles. La acción posterior correctora puede en su caso modular la sanción, pero no cancelarla, pues la infracción ha quedado evidenciada.

El CERMI confía en que Sanidad aplique la legislación vigente y sancione a las empresas comprobadamente infractoras, y en todo caso, preparará recursos ante la Justicia contra las decisiones administrativas que no velen escrupulosamente por los derechos de las personas con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra que el real decreto-ley 9/2015 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y social aprobado el pasado viernes  por el consejo de Ministros y publicado en el BOE del sábado día 11 de julio en el Boletín Oficial del Estado declare inembargables las ayudas de las administraciones públicas establecidas contra la exclusión social.

Para la plataforma de la discapacidad, se suprime así una contradicción dolorosa e injustificable que existía en nuestro ordenamiento jurídico, pues por una parte los poderes públicos concedían prestaciones y ayudas para personas y familias en situación de absoluta exclusión social, dirigidas a atender necesidades básicas ineludibles, y por otra esas ayudas podían responder y hacer frente ante las deudas de cualquier clase que estas personas y familias hubieran contraído, con lo que se difuminaba la finalidad social del apoyo público.

El CERMI considera también positivo que la norma que declara esta inembargabilidad cite expresamente a las personas con discapacidad y a sus familias entre los grupos excluidos protegidos por la nueva medida.

Esta medida venía siendo reclamada desde hace años por el sector de la discapacidad como medio de atenuar los efectos más virulentos de la crisis.

Otro aspecto favorable, este en la vertiente fiscal, que contiene también el real decreto-ley, en su artículo 1 es la exención de tributación a efectos del impuesto de la renta de los ingresos procedentes de prestaciones y ayudas públicas contra la exclusión social  hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. En este caso, la norma menciona también a las personas con discapacidad y sus familias, como había demandado el CERMI.

En concreto se hace constar en mencionado artículo que 
“Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.

Igualmente, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos:
“Asimismo estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.»

Esta modificación entrará en vigor con efectos desde  1 de Enero de 2015.