¿De quién era una bolsa con pastillas y MDMA que fue incautada en el Polígono Residencial Santa Ana? Es la incógnita principal que deberá resolver el tribunal de la Audiencia Provincial, en Cartagena. La persona que la tenía en su poder dice que se la dio un vecino de la zona, el cual niega tajantemente esa propiedad. El fiscal solicitó cinco años de cárcel para cada uno, mientras que cada abogado pide que su cliente sea absuelto y condenen al otro acusado.

Los agentes de seguridad del complejo residencial, el 4 de diciembre de 2007, pararon a un hombre 'con pinta rara' y le encontraron una bolsa con estupefacientes, por lo que llamaron a la Guardia Civil. Fue arrestado junto a otros dos amigos con los que se había desplazado en coche desde Los Barreros. Después, en el cuartel, aseguró que la bolsa se la dio un vecino de la zona para saldar una deuda de 380 euros, por lo que los agentes efectuaron un registro en ese domicilio y detuvieron al nuevo sospechoso.

Los dos imputados se acusaron mutuamente en sus declaraciones durante la vista. Esteban, el que llevaba la bolsa, dijo que nunca había vendido droga y que la llevaba porque Alfonso se la dio "como pago de deudas" y que esa persona "elaboraba pastillas en su casa". También dijo que pensó en darle la bolsa a otra persona para que se la vendiera y cobrar esa deuda.

La versión de Alfonso es bien distinta. "Nunca elaboré ni vendí droga y fue él quien me ofreció la bolsa, pero mi mujer, que estaba embarazada entonces, le echó: ¡Fuera eso de aquí!, dijo. Esa persona sólo había estado antes una vez en mi casa y se bajó los pantalones". También dijo Alfonso que entonces era consumidor, pero que ya se lo había dejado "por mi hija".

El fiscal le preguntó por varios indicios que levantan sospechas, como que tuviera en su hogar 1.045 euros en billetes pequeños, que tardase en abrir la puerta a la Guardia Civil (la destruyeron con un mazo de 5 kilos) y unos apuntes con nombres y cifras que aparecieron entre la funda y el colchón. El acusado dijo que los billetes eran del dinero para pagar el alquiler y respecto al papel negó que fuese temas de drogas. Sobre la puerta, la Guardia Civil dijo que estuvieron llamando muchos minuto y al ver que no abrían, procedieron a forzarla. El acusado dijo al final del juicio que el motivo del retraso es que con los primeros golpes rompieron la cerradura.

Uno de los amigos que iba en el juicio dijo que Esteban le manifestó al llegar al Polígono Santa Ana: "Voy a sacarle unas perras al tonto". También aseguró que había visto a esta persona con una bolsa días antes, pero no pudo confirmar que fuera la misma

En las conclusiones, el fiscal aseguró que Esteban era imputable porque su acto "fue premeditado, no impulsivo" y que no tenía síndrome de abstinencia. Mientras al otro imputado cree que existen detalles para pensar que está involucrado. "Tanto por el papel escondido como por no abrir la puerta, pues cuando ocurre eso es que hay algo que ocultar", dijo.

Apercibido por "las sandeces"
Por otro lado, el letrado José Hilario Rodríguez pidió la absolución para Alfonso porque no tenía nada en casa para elaborar drogas y la única prueba de cargo es el testimonio de Esteban, "pues el amigo deja claro que fue a casa de mi cliente a vender, no a comprar". Por su parte, Miguel Belmonte pidió para Esteban los atenuantes de colaboración, drogadicción y que es una persona semi-imputable porque padece "trastornos orgánicos de personalidad".

Cuando el presidente del tribunal, Miguel Ángel Larrosa, preguntó a Esteban si tenía algo que añadir, respondió: "En este juicio he oído muchas sandeces", siendo apercibido por el magistrado.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena.

Delito: Contra la Salud Pública (el que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos).

Acusados: Esteban G. D. (con antecedentes penales no computables) y Alfonso J. U. (sin antecedentes).

Peticiones: 5 años de cárcel y multa de 1.200 euros para cada imputado pide el fiscal, mientras que las defensas reclaman la absolución. En el caso de Esteban, de forma subsidiaria, la aplicación de varias atenuantes.