A la tercera fue la vencida y Manuel R. M. se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, en Cartagena, para ser juzgado por su supuesta propiedad de la embarcación 'Rosa Mar', que fue interceptada con droga en 2007 por Aduanas. El acusado alega que la traspasó, en documento privado, a otra persona, pero la Fiscalía no le cree y mantiene la petición de pena de cuatro años y medio de cárcel. El juicio, celebrado ayer, es el fleco que quedaba pendiente de otro principal contra los narcotraficantes detenidos en la embarcación 'Rosa Mar'.
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Faltaba por determinar la relación del propietario de la lancha con el tráfico de drogas. Dos veces se convocó la vista oral y otras tantas se suspendió por motivos de salud del imputado. Ayer, por fin, el 'Rosa Mar' atracó en la Audiencia. La fiscal mantuvo la petición de cárcel más el pago de nueve millones de euros al considerar que Manuel compró la barca en 2005 y la inscribió en el registro, donde ya no se produjo variación alguna, por lo que duda del contrato de compra venta que el imputado alega que llevó a cabo con otra persona "que no ha aparecido en toda la causa pese a ser buscado por policía y juzgado", apuntó en sus conclusiones. También considera que no hay recibo del pago de 9.000 euros que recoge ese documento y que el seguro de la embarcación continuó en ese año de 2007 a nombre del acusado. Continuó apuntando que en el cajón del barco se encontró únicamente la documentación a nombre de Manuel.

Por su parte, la defensa, que llevó el abogado Francisco Miguel López Gutiérrez, sostiene que no existen pruebas sólidas que desvirtúen la presunción de inocencia y tampoco "nada que relacione a esta persona con drogas o con la posesión de la lancha", dijo, en base al testimonio de un testigo (uno de los condenados en la causa principal), que no le reconoció como la persona que les facilitó la embarcación para llevar a cabo el desembarco de estupefacientes. Respecto al contrato privado, indicó el letrado que una estipulación refleja que a la firma del contrato recibiría Manuel los 9.000 euros.

El testigo al que hacía alusión dijo que fue una persona "bajita, gorda, morena y con barba" que conoció en El Ejido quien las facilitó el barco, "pero murió hace un año", además de afirmar que en ninguna de las reuniones previas a la operación que llevaron a cabo estaba Manuel. El otro condenado por ese asunto está en su país, a donde fue expulsado tras el juicio.

La causa quedó vista para sentencia.

Juzgado: Sección Quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal integrado por José Manuel Nicolás, Matías Soria y José Joaquín Hervás.

Delito: Contra la Salud Pública (elaborar, despachar, suministrar o comerciar con sustancias nocivas para la salud).

Acusado: Manuel R. M.

Petición de pena: Cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 9.000.000 de euros pide la Fiscalía, mientras que la defensa solicita que sea absuelto.