Los diez abogados, sus clientes y testigos habían quedado a las nueve y media de la mañana en la primera planta del Palacio de Justicia de Cartagena, pues media hora después comenzaba el juicio en la sala de Lo Penal número 1. A las cinco y media de la tarde acabó la sesión y entonces fue cuando sus protagonistas pudieron ir a almorzar. Sin duda, un día difícil de olvidar.

El origen de la historia que desembocó en el largo juicio de ayer se sitúa en febrero de 2002, hace casi ocho años, cuando un trabajador de 32 años de edad cayó desde la primera planta de un chalé que se estaba construyendo en La Manga. El trabajador, que ayer llevaba muletas como consecuencia de la lesión sufrida entonces, se enfrentaba a cinco responsables de la obra y a otras tantas aseguradoras.

La vista oral no comenzó a la hora prevista, pues fuera de la sala se negociaba el capítulo civil. Finalmente se alcanzó un acuerdo por el que las aseguradoras La Estrella Caser, Reale, Musaat y Asemar pagarán 13.000 euros a la víctima (representado por el letrado Vicente Pérez Pardo), quien renunció entonces a ejercer la acción civil contra ellas. El siguiente capítulo era el penal. También se negoció con el fiscal David Campayo Soler, pero esta vez no se llegó a un acuerdo.

El juicio comenzó a las doce y de ahí hasta las cinco y media de la tarde sin salir de la pequeña sala, abarrotada de espectadores. La víctima y los cinco acusados prestaron declaración, al igual que técnicos e inspectores. Finalmente, las partes expusieron sus conclusiones.

La acusación

El fiscal mantuvo la petición de 15 meses de cárcel para cada uno de los cinco imputados, más 15 días de arresto domiciliario los fines de semana, pudiendo ser sustituido este castigo por una multa de 1.080 euros.

"El trabajador subió a la planta para comprobar el estado del forjado antes de que empezasen a trabajar la hormigonera y la grúa, que ya estaba allí. Además, al caerse, lo primero que hizo fue levantarse para intentar seguir trabajando", expuso el fiscal. Después aseguró que era "lastimoso que los cinco acusados se laven las manos y deriven las responsabilidades de unos a otros e, incluso, carguen la responsabilidad a la víctima. En esa planta nunca hubo vallas de seguridad ni redes, como han confirmado los peritos e inspectores, que estuvieron horas después allí. No había nada que impidiese el paso a esa zona, ni una raya en el suelo, y las consecuencias del accidente pudieron haber sido peor". Por último, dijo que los cinco acusados eran responsables porque no pusieron los medios de seguridad "ni intentaron paliar esas carencias, que ha quedado probado que fueron las causantes del accidente".

Las defensas

Después le tocó el turno a los abogados defensores. La letrada María Concepción Espejo Bernal defendió al administrador de la empresa. "En este asunto no se puede obviar la conducta imprudente del accidente, pues su jornada laboral no había empezado y tenía prohibido el acceso a esa planta, como ha reconocido en el juicio. Ni él sabe para qué fue allí. Es un trabajador con experiencia que sabía lo que debía y no debía hacer", dijo. Solicitó la absolución de la pena de cárcel para su cliente, "porque entregó el plan de seguridad al empresario, que es el responsable junto a los encargados".

Isabel Rosique también solicitó la absolución del encargado de la empresa titular y sólo estima que cabría una multa por una falta por imprudencia. "La empresa subcontrató la obra a otra que tenía a sus trabajadores, entre los que estaba la persona accidentada. Ese trabajador ha reconocido que fue informado de la seguridad, que sabía que no podía acceder a esa zona y que era él quien asumía el mando cuando su jefe no estaba".

El abogado Manuel Nieto reclamó la total absolución para su representado, el arquitecto coordinador de seguridad, y para todos los implicados. "Este tipo de denuncias se presentan para buscar dinero, pues en su primera declaración no denunció nada, a diferencia de lo que hizo meses después. Cuando sufrió la caída no se había puesto ni el casco y nos preguntamos: ¿Cuándo hay un accidente a todos les toca, aunque no sean responsables?".

Beatriz Medina también pidió la absolución para el aparejador. "Es un caso civil, no penal, y lo extraño es que la Fiscalía ha actuado cuando el inspector de Trabajo calificó la infracción de grave en grado medio y no muy grave, que es el nivel en el que actúa la Fiscalía. Hay autos de la Audiencia Provincial que consideran estos casos como infracciones administrativas".

El letrado Francisco José Lorente, quien defendió al empresario de la subcontrata, junto al procurador Cristóbal Gómez, hizo hincapié en que este trabajador se saltó las medidas de seguridad, "que sí existían". También pidió la absolución de los acusados.