Texto extraído del artículo publicado en La Verdad: Abogados 'low cost' en tiempos difíciles

El teléfono de la oficina del Servicio de Orientación Jurídica suena poco antes del mediodía. Dos detenidos acaban de ingresar en la Comisaría de la Plaza Ceballos de Murcia como presuntos autores de un delito de falsedad documental. María Dolores García ya ha abandonado el cuartel de El Palmar y se dirige rauda a las instalaciones policiales. Pese a su rapidez, esta vez le tocará esperar. Los dos detenidos son originarios de Costa de Márfil y precisan un traductor de bambara.

María Dolores, Lola, es la voz de la experiencia. Lleva más de dos décadas adscrita al turno de oficio, un trabajo que desempeña por pura vocación. Tras colegiarse en 1991, comenzó a trabajar en un despacho penalista con el que se batió los juzgados y comisarías de la Región. En estos 20 años, han pasado por las manos de esta letrada de oficio todo tipo de asuntos, incluida la defensa del acusado de un asesinato en el murciano barrio de La Fama. «Un tema de ajuste de cuentas», apunta. Ella, como otros muchos compañeros, no escatima en esfuerzo a la hora de defender un caso, pese a que la minuta no es equiparable a la que cobra un letrado privado. «En una ocasión llevé también la defensa de un chico acusado de homicidio en San Javier y fue uno de esos casos en que estás convencido de que tu cliente es inocente», relata enérgica. «Durante semanas hice de detective y fui a todos los sitios relacionados con el crimen. Al final lo dejaron en libertad porque logré demostrar que no había ninguna prueba».

A consecuencia de la crisis económica, la mayor parte de las personas que recurren a la justicia gratuita se encuentran en una situación especialmente delicada. «La mayoría, casi todos, están en paro», explica María Dolores. «Tenemos gente, por ejemplo, de los que van buscando chatarra que te dicen que cómo van a pagarse un abogado, si no tienen ni para darles de comer a sus hijos».

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