Ayer, con tres causas, comenzaron los juicios en los que 24 trabajadores de la extinguida sociedad pública Giscarmsa reclaman la nulidad de los despidos o pasar al Servicio Murciano de Salud, que recibió los activos y pasivos de la empresa cuando se disolvió en diciembre pasado. En total son nueve trabajadores que representan los letrados cartageneros Raquel Fernández y Francisco Antón, a quienes se observa en la fotografía adjunta, y otros quince que lleva el letrado murciano Javier Navarro de los centros de trabajo de los hospitales de Santa Lucía y Mar Menor además de la oficina central de la ciudad de Murcia.

---

Los juicios en Cartagena pasarán por los tres juzgados de Lo Social. Tres se celebraron ayer, otros tantos tendrán lugar en febrero y los restantes en abril, mientras que en Murcia han sido asignados al juzgado de Lo Social número 6 que celebrará las vistas en mayo y en octubre.

El juicio celebrado ayer tenía como demandados a Giscarmsa y al Servicio Murciano de Salud, que fueron representados ambos por el letrado de la Comunidad Autónoma, además del gerente de Giscarmsa, quien no fue incluido en el expediente de regulación de empleo, y a la representante legal de los trabajadores.

Raquel Fernández y Francisco Antón representaron a los tres demandantes, cuyos contratos de trabajo se extinguieron por expediente de regulación de empleo surgido por la disolución de Giscarmsa en diciembre. Entienden que los despidos son nulos o improcedentes por defectos formales, inexistencia de causa y porque existe una subrogación empresarial del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que el Servicio Murciano de Salud debe asumir a estos trabajadores al igual que hizo con los activos y pasivos de la entidad pública.

El letrado de la otra parte ha explicado que Giscarmsa surgió en 2004 con la Comunidad Autónoma como único accionista y como sociedad instrumental para el desarrollo de infraestructuras sanitarias y con la encomiendas por parte de la consejería de Sanidad de la gestión de seguimiento, control e informes de diferentes edificios sanitarios (Santa Lucía se estrenó en febrero de 2011 y Mar Menor un mes más tarde), además de gestionar el mantenimiento y servicios hospitalarios de los mismos, como gestión de residuos, alimentación de pacientes, limpieza, etc. "Realmente su labor era de intermediación entre la administración y terceros", expresó. La Ley 1/2011 estableció la supresión de unidades del servicio regional, afectando la futura extinción de Giscarmsa, que el 15 de mayo de 2013 dejó de funcionar, desarrollándose un expediente de regulación de empleo que caducaría por un error de comunicación, "lo que retrasó el cierre". Más adelante se inició un segundo expediente que afectaba a dos grupos de trabajadores, 17 por un lado y 18 por otro. El 23 de diciembre recoge el Boletín Mercantil la extinción y traspaso al SMS de Giscarmsa, que a partir del 31 de dicho mes sólo tuvo actuaciones de autoliquidación y del correspondiente relevo en los hospitales que gestionaba.

Centrados en la demanda presentada por los trabajadores, el letrado de la Comunidad ha indicado que el 24 de julio de 2013 se comunicó la apertura del segundo ERE a la representante legal de los trabajadores surgida de las elecciones de 2009, "que dijo representar a todos los empleados", y que el ERE ha tenido un informe favorable de la Inspección de Trabajo, con excepción de capítulo del gerente. Explicó los motivos por los que rechaza la petición de nulidad o improcedencia de los despidos, "pues no es cierto que existiese falta de voluntad negociadora, falta de información, defecto de representación, etc.". También expuso que se "sondeó" a los trabajadores si aceptaban despidos con indemnización de 25 días de trabajo por año en lugar de 20 y unas mejores condiciones en las bolsas de trabajo de la Comunidad, lo que rechazaron. "Pedían una subrogación laboral que era imposible legalmente".  

"Entendemos que sí existe subrogación porque el único cambio de funcionamiento que se produce en la actividad llevada a cabo por Giscarmsa es que nuestros clientes se fueron y el SMS puso sus trabajadores", apuntó después Raquel Fernández, quien desveló que ante la Agencia Tributaria sí se declaró esa subrogación, lo que propició que quedase exenta del pago del IVA por la cesión de los activos, es decir, los hospitales.

Respecto al gerente, que acudió sin abogado, la demanda considera que existió discriminación al no ser incluido en el expediente de regulación de empleo. El abogado de la Comunidad, por su parte, ha alegado que tenía "un contrato de alta dirección con propias causas de extinción, por lo que fue indemnizado con siete días por año trabajado, por lo que, en todo caso, la discriminación sería al contrario".

El juez ha concedido al letrado de la Comunidad Autónoma diez días para presentar una prueba documental (facturas) que se han solicitado. A partir de su recepción estas demandas quedarán vistas para sentencia.